Presenta INCIDE Social el informe “El Trabajo en México”

Foto: INCIDE Social

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el informe “El Trabajo en México”. Dicho documento se basa en una posición y un instrumento de observación distinto: el de los derechos humanos.

Mediante un comunicado, el organismo explica la importancia de destacar que el derecho humano al trabajo se realiza cuando una persona deja de estar desempleada. Los Estados firmantes de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos se comprometen a respetar, proteger y satisfacer el derecho al trabajo. Esto significa que los Estados deberán utilizar recursos legales, institucionales, programáticos y presupuestales para que las personas, además de tener seguridad en el acceso al trabajo, tengan empleos con salarios suficientes para vivir dignamente, laboren bajo condiciones seguras y limpias, estén protegidas ante actos discriminatorios o ante violaciones de las distintas leyes laborales y cuenten con mecanismos para denunciar y hacer valer sus derechos laborales.

Asimismo, señala que la intención consiste en colocar el enfoque de derechos humanos como instrumento para el análisis y la comprensión del mercado de trabajo y dar cuenta del grado de realización que tiene el derecho al trabajo en el país.

Dicho Informe fue comentado por el Padre Carlos Rodríguez del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) y el Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador de la Escuela Superior de Economía, IPN, así como la Maestra Ximena Maroto Elías, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, proyecto que realizó la publicación.

En el comunicado, el Observatorio subraya que las obligaciones del Estado son respetar, proteger y aplicar medidas para la realización del derecho. A nivel normativo la mayoría de los contenidos del derecho al trabajo se contempla en el cuerpo de leyes que existe en México. En particular, en lo relacionado a las condiciones mínimas del trabajo. Sin embargo, existe una tensión entre las medidas normativas de flexibilización y sus posibles efectos en materia de violaciones al derecho o en la exposición de las personas a situaciones de desprotección. A nivel de políticas y programas, el Estado mexicano muestra un mayor déficit, en particular respecto de la obligación de proteger. Así, el Estado mexicano requiere desarrollar mecanismos de monitoreo e instrumentar programas que tengan que ver con el acceso a la información de los derechos laborales.

“Es necesario reposicionar y tal vez repensar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de que retome protagonismo y un papel activo en la vida laboral del país. Lo mismo respecto de la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores y el acceso a los servicios que ella otorga y a la eficacia con la que trabaja”, señala. Cabe señalar que el Estado debe mostrar el uso máximo de recursos disponibles respecto de los derechos humanos. Así como la Secretaría de Salud debe mejorar la cobertura, el número de médicos y hospitales, las instituciones vinculadas al mundo del trabajo deben establecer medidas en los temas críticos del mercado laboral. Los programas en este sentido muestran un enorme distanciamiento entre los problemas laborales del país y las acciones que se proponen.

Para que el derecho al trabajo se realice deben cumplirse cuatro condiciones: acceso, disponibilidad, calidad y aceptabilidad.

Accesibilidad – la dimensión de acceso del derecho humano al trabajo, contempla la facilidad y la inexistencia de restricciones para encontrar un empleo. En este sentido, el Estado tiene la obligación de proteger (directamente) y satisfacer (ya sea por vías directas o indirectas) la accesibilidad al trabajo.

Disponibilidad – Los servicios que pone a disposición el Estado para dotar de conocimientos, habilidades y para favorecer el acceso a un empleo, conforman la dimensión de disponibilidad –de recursos– del derecho humano al trabajo.

Calidad – La dimensión de calidad está vinculada con las condiciones de trabajo, las cuales van desde las instalaciones en donde se labora hasta el respeto de los diferentes criterios establecidos en la legislación. Instalaciones higiénicas y seguras, la recepción de prestaciones, el respeto a los máximos de la duración de la jornada laboral, el pago de un salario –equivalente o superior al mínimo–, entre otros, son ejemplos de lo que determina la calidad del empleo o, en otras palabras, de lo que de violarse precariza las condiciones de trabajo.

Aceptabilidad – La elección libre del empleo sin condicionamientos de ningún tipo, la creación de condiciones favorables para las instituciones defensoras de las causas de los trabajadores (sindicatos, confederaciones), la equidad y la no discriminación son las características básicas de la dimensión de calidad

El documento muestra que el acceso al empleo dista mucho de ser el que el país requiere. Algunos ejemplos son que las personas desean trabajar más horas y no pueden hacerlo por condiciones de mercado, el desaliento en la búsqueda de empleo y la consagración del sector informal como parte estructural de la economía. En cuanto a la calidad se observan importantes déficits en la situación laboral en México, ya sea medida a través de los salarios o de las condiciones mínimas para un trabajo digno. Es importante recalcar que estos indicadores son un ejercicio inédito de instrumentación y aplicación de indicadores de derechos humanos a la política del empleo, de acuerdo con la metodología de Indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las diferentes tendencias de los indicadores básicos del mercado de trabajo llevan a la conclusión de que el principio de progresividad ha estado ausente en México por lo menos en los últimos 15 años. México, pese a ser un país con bajísimas tasas de desocupación, tiene importantes problemas de accesibilidad al trabajo, mismos que han sido agudizados por las crisis económicas. Los problemas en materia de acceso y calidad más que reducirse parecen asentarse en lo más profundo del mercado de trabajo en México.

Indicadores del Informe “El trabajo en México”

El objetivo de los indicadores del informe “El trabajo en México” es precisamente, desde el enfoque de derechos humanos, dar cuenta en cifras de las principales características de la situación laboral en México en los últimos 15 años. Este ejercicio estadístico con perspectiva de derechos tiene como fundamento los trabajos que el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social ha venido realizando desde su fundación en 2007.

Indicadores de Acceso:

• La edad legal para comenzar a trabajar en México es de 14 años, y en los últimos 15 años, como resultado del comportamiento demográfico del país, se ha incrementado la proporción de personas en edad de trabajar, pasando de 65% en 1995 a 73% en 2010.
• En 1995, la PEA equivalía a cerca de 36 millones de persona para 2010, esta cifra ascendió a 47millones.
• Las personas que laboran bajo la condición de ser “subordinados y remunerados” constituyen la proporción más grande en el mercado de trabajo en México, misma que ha crecido levemente en los últimos 15 años de 60 a 70%.
• Las personas que trabajan por cuenta propia son la segunda proporción más importante con una participación que ha oscilado entre 20 y 25%
• Las personas que realizan trabajos no remunerados como aquellas que emplean (empleadores) son los dos grupos con menor participación en el mercado de trabajo representan el 10%.
• Las personas que reúnen alguna de las tres siguientes condiciones se encuentran en situación crítica de ocupación: trabajar menos de 35 horas por razones de mercado (ajenas a la persona), trabajar más de 35 horas recibiendo menos de un salario mínimo o trabajar más de 48 horas y recibir menos de dos salarios mínimos.
• En 1995 cerca de uno de cada cuatro ocupados estaba en situación crítica de ocupación, en 2010 la incidencia se redujo a aproximadamente uno de cada siete.

Indicadores de Calidad: 

• La proporción de personas que ganan hasta un salario mínimo ha caído levemente, pasando de 20 a 12% en el periodo observado.
• La proporción de personas que recibe entre dos y cinco salarios mínimos ha crecido del 25 al 38%.
• En 1995 una persona en promedio ganaba 30 pesos –reales– por hora trabajada, para 2010 el promedio se sitúa apenas por debajo de 30 pesos.
• Los trabajadores subordinados, los trabajadores por cuenta propia y los que trabajan por cuenta propia pero en actividades no calificadas tienen el mismo patrón de movimiento en sus ingresos, los cuales han oscilado entre los 30 y los 20 pesos.
• Hasta antes de 2008, momento en el que aparecieron la crisis de precios de alimentos y la crisis económica global, se tenía un alza pequeña pero sostenida de los ingresos.
• En 1995 por cada 1,000 pesos que ganaba un hombre, una mujer ganaba 900. Para los años siguientes la diferencia oscila por los 950 pesos.
• En periodos de recesión o crisis –2002 y 2008-2009– las mujeres tuvieron un ingreso menor que los hombres, esto debido al tipo de empleo en el que se ubican las mujeres.
• Desde 1994, en especial de 1994 a 1996, el salario mínimo sufrió una caída de la cual no se ha podido recuperar. Por un lado, la alta inflación y la fijación anual del salario mínimo han llevado a la baja sostenida de este indicador en los últimos años. En términos del índice, lo que ha pasado es una pérdida del 30% del salario mínimo.
• Una persona que recibe el salario mínimo en el 2010 tiene que trabajar 30% más horas para ganar lo mismo, en términos reales, que una persona que ganaba el salario mínimo en 1994.
• Más de la mitad de la población ocupada trabaja entre 35 y 48 horas y que cerca de 70% de la población ocupada trabaja menos horas del límite que fija la ley de horas trabajadas a la semana.
• Existe un 30% (2005 a 2010) que trabaja más de 48 horas a la semana.
• La tendencia es una reducción de la proporción de las personas que trabajan entre 35 y 48 horas y un aumento de las que trabajan más de 48 horas.
• 35% de la población ocupada tiene acceso a la salud a través del trabajo, propiciando que ante la necesidad de atención a la salud el trabajador tenga que, total o parcialmente, internalizar los costos asociados a la salud.
• El 60% de la población ocupada cuenta por lo menos con una de sus prestaciones garantizadas.
• Más de una de cada tres personas ocupadas laboran en unidades económicas del sector de los hogares y sólo una de cada dos lo hace en empresas y negocios.

Indicadores Adultos Mayores: 

• En el año 2000 en México habitaban cerca de 6.9 millones personas mayores de 60 años, cifra que progresivamente se ha ido incrementando hasta alcanzar los cerca de 9.8 millones en el año 2010. Esta tendencia continuará, por lo menos, hasta el año 2050 cuando la población adulta mayor alcance la cifra de 36.2 millones.
• La esperanza de vida para las personas de 60 y más de 21.5 años en el 2000 se elevará gradualmente hasta alcanzar 24.5 años.
• Del año 2005 a 2010, en promedio, una de cada cinco personas mayores de 60 años se encuentra en situación de condición crítica de ocupación, misma que se agrava para las edades más avanzadas.
• Haciendo uso de la tasa de ocupación en el sector informal, se observa una mayor presencia, proporcionalmente hablando, de personas adultas mayores en empleos de baja calidad. Del año 2005 al año 2010, de manera consistente, la tasa es superior en cerca de 7 puntos a la del total de la población, existe una correlación entre las personas de mayor edad y el porcentaje de personas que participan en actividades informales
• Si se toma como criterio de base que una persona de 40 a 49 años gana 100 pesos por hora, en términos relativos, una persona mayor de 60 años ganaba 80 pesos al inicio de 2005; para 2010 la relación se mantiene aproximadamente en la misma magnitud.

Diario Jurídico México comparte el informe íntegro.

El Trabajo en México