Foto: AI
La organización Amnistía Internacional (AI) publicó en su página de Internet el Informe , En Terreno Hostil: Violaciones De Los Derechos Humanos al Implementar las Leyes de Inmigración en el Suroeste de Estados Unidos, en el cual señala que las comunidades que viven a lo largo de la frontera México-EEUU, particularmente personas percibidas como de origen latinoamericano y comunidades indígenas, se ven afectadas desproporcionadamente por numerosas medidas de control de migratorio, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos, informa hoy Amnistía Internacional.
El nuevo informe de la organización resalta discriminatoria resultante de la aplicación de las normas migratorias por parte de las autoridades.
Entre los hallazgos, el informe ilustra que Estados Unidos está fracasando en sus obligaciones de respetar los derechos de las personas migrantes a la vida, su acceso a la justicia al ser víctimas de crímenes, particularmente mujeres y niños, y reconocer el derecho de las comunidades indígenas a atravesar la frontera.
De acuerdo al gobierno de EEUU, entre 14,500 y 17, 500 personas víctimas de trata de personas llegan cada año a Estados Unidos por trabajo o para sufrir explotación sexual. Sin embargo, las deficiencias en el sistema de identificación de las víctimas de trata suponen una barrera que impiden a estas víctimas denunciar su caso y evitar su detención y deportación. De las 5,000 visas disponibles anualmente para los sobrevivientes de tráfico humano sólo se utiliza el 6%.
“La cultura en torno a la migración en Estados Unidos ha creado una terrible situación; sobrevivientes de tráfico humano y de otros crímenes como la violencia doméstica son cada vez más vistos como criminales y no como víctimas”, dice Justin Mazzola, investigador de Amnistía Internacional y autor principal del reporte. “Al mismo tiempo, menos personas están dispuestas a denunciar tales crímenes, ya que sienten que puede eso puede exponerlos a los agentes de inmigración. Además, muchos consideran que la policía es incapaz o no tiene la voluntad de ayudar”.
Carolina, una migrante de Honduras, fue traída a Estados Unidos después de ser repetidamente obligada a prostituirse, golpeada y drogada. Fue detenida durante seis meses en Pearsall, Texas, después de que los agentes de inmigración la encontraron en la cajuela de un vehículo que cruzaba la frontera México-EEUU. Mientras estaba detenida, a Carolina le fue negada la certificación como víctima de tráfico humano debido a que antes de ser vendida como esclava sexual y trasladada hacia Estados Unidos ella tenía la intención de ingresar al país.
Sólo después de una revisión de su caso en febrero de 2011, más de dos años después de que fuera descubierta en la cajuela del vehículo, se le reconoció como víctima de trata de personas y se le otorgó una visa que le permitió permanecer en Estados Unidos y acceder a los servicios de salud y apoyo psicológico. “Ahora, finalmente puedo comenzar a sanar”, dijo Carolina luego de ser liberada de la detención.
Las medidas de control migratorio ponen cada vez más en riesgo el derecho a la vida de las personas al cruzar la frontera. Las políticas de EEUU en materia migratoria fuerzan a los migrantes a transitar por rutas cada vez más hostiles, que incluyen atravesar vastos desiertos, ríos y altas montañas bajo temperaturas peligrosamente altas. De 1998 hasta 2008, hasta 5,287 migrantes murieron mientras trataban de cruzar la frontera México-EEUU.
El informe también describe como las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a la discriminación y otros abusos derivados de la implementación de estas normas migratorias. Las personas indígenas, cuyos territorios tradicionales y comunidades culturales son atravesados por la frontera México-EEUU, necesitan cruzarla frecuentemente. Estas personas son intimidadas y acosadas regularmente por policías fronterizos por hablar poco español o inglés y por tener solamente documentos de identificación tribales.
La proliferación reciente de leyes estatales que ponen en la mira a las personas migrantes, las coloca en un mayor riesgo de discriminación y les impide acceder a sus derechos a la educación y servicios esenciales salud. Además, los programas de inmigración federal que incluyen a la policía estatal y local en la implementación de las leyes de inmigración, coloca a quienes pertenecen a comunidades latinas, indígenas y de color a lo largo de la frontera en riesgo de ser víctimas de prácticas discriminatorias. Prácticas como la identificación y retención arbitraria a individuos basándose en su etnicidad percibida se han convertido en comunes.
“El reporte de Amnistía Internacional revela vívidamente la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en la frontera,” expresó Saúl Hernández, cantante principal del grupo de rock mexicano Jaguares y activista de Amnistía Internacional. “Los migrantes están muriendo al cruzar la frontera y nadie se hace responsable. Miles de mujeres y niños son víctimas de trata de personas hacia Estados Unidos y son cruelmente abandonados en el limbo, y a pesar de esta situación no se hace lo suficiente para prevenirlo. Necesitamos que los oficiales públicos reconozcan esta crisis ahora.”
Amnistía Internacional solicita a las autoridades estadounidenses; locales, estatales y federales la suspensión de la aplicación de las políticas migratorias en tanto no se determine si pueden ser implementadas de manera no discriminatoria.
Así mismo es fundamental que las autoridades se aseguren que ninguna política tenga el efecto directo o indirecto de poner en riesgo la vida, salud o integridad de las personas migrantes.
Finalmente Amnistía Internacional llama al gobierno estadounidense a garantizar seguridad y justicia a quienes han sido víctimas de trata y que toda persona migrante tenga un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Diario Jurídico México comparte el informe completo de Amnistía Internacional.
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