Crítica al Financiamiento Privado en México

Foto: La Orquesta

=Por Jesús Alberto Navarro Olvera*=

Twitter: @Jessnavarroolve

Para hacer un breve comentario crítico respecto del financiamiento privado destinado a las actividades políticas, resulta muy importante iniciar con una advertencia, por lo que desde el inicio, se debe traer a cuenta que los controles sobre el origen, montos y destino de dichos recursos, son una responsabilidad que debe ser compartida dentro del Estado mexicano, tanto por el gobierno federal, las entidades locales,municipales y la autoridad nacional en materia comicial (INE), en los términos de la diversidad legal, y los distintos ámbitos de responsabilidad.

El esquema jurídico federal, nacional y local, cuenta con las atribuciones suficientes para garantizar a los gobernados, que en la configuración de la voluntad nacional, los caballeros de lo ilegal, no impongan sus condiciones, poniendo y quitando representantes populares para garantizar que sus negocios, e intereses se mantengan impunes.

Sobre el tema, no se deben estigmatizar a todos los que detentan grandes capitales, ya que dentro de la ley existe el derecho, que la constitución salvaguarda, de participar en la contienda política por medio del aporte a las campañas, y a las actividades ordinarias de los partidos políticos. Es en la legislación secundaria en donde se abren y cierran los filtros.

El tema va dirigido a los postores que juegan en el filo de lo ilegal, en la simulación y el fraude a la ley, de donde podemos destacar a las todavía ilícitas empresas de particulares que se dedicana la siembra, trasiego y venta de sustancias tóxicas para consumo humano, que pueden ser nacionales o extranjeras,o aquellos empresarios que lavan dinero de procedencia turbia, y diríamos un gran, etc.

En este camino, también podemos incluir a los empresarios que cuentan con caudales desorbitantes, que podrían comprar Repúblicas en otras latitudes, y que por su poder económicomuy fácilmente pueden desequilibrar las condiciones de la competencia comicial, al aportar grandes recursos[1]en la búsqueda de influir en zonas estratégicas y tratar así de determinarreglas en la competencia económica en sectores indispensables. Para este selecto grupo, el constituyente, y el legisladorhan destinado los límites a las aportaciones privadas, y los topes de gastos de campañas.

Es muy alentador saber que en las instancias federales y nacionales se encuentran ocupados en tratar de desalentar esquemas operativos del binomio dinero ilícito – política, que como consecuencia del lento y pasmoso tránsito de un sistema de corte hegemónico, a uno de corte democrático, se encuentra viviendo el Estado Mexicano.

En este sentido destaca el caso Michoacán, sobre el cual,el Secretario de Hacienda y Crédito Público, señaló en días pasados como lo reseñan en medios de comunicación masiva que: “La SHCP dejó en claro que investiga a empresas michoacanas que han lavado dinero o financiado a grupos de la delincuencia organizada. Luis Videgaray, titular de la dependencia, aseguró que en su momento se darán a conocer los nombres de las firmas que han estado inmiscuidas en las actividades del crimen. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, junto con la Procuraduría General de la República, la que encabeza las indagatorias. Junto con Alfredo Castillo, comisionado de seguridad del estado, se diseñaron los cinco ejes para recuperar al Michoacán…:[2]

Es importante la cita, ya que si el Estado mexicano se encuentra preocupado por la financiación de la delincuencia organizada, y sus esquemas de triangulación financiera, basta ubicar a las campañas políticas en tiempo, modo y lugar para que surjan los acuerdos de entendimiento oportunos, y mitigar el flagelo.

El tema es muy claro, ya que si las personas físicas o morales, pueden prestarse a componendas con los grupos de criminales, o ser ellas mismas los delincuentes, es de lógica pensar que ante la cauda de numerario que aún se encuentra fuera del escrutinio del Estado, dichos recursos pueden terminar en las campañas políticas.

En otras palabras,con el dinero que se encuentra fuera de los controles fiscales mexicanos, la tentación de imponer representantes populares debe ser grande, ya que la constante en el ingreso de recursos ilícitos a la contienda política es la falta de reporte del numerario mal habido, con la finalidad de ocultar el rebase de los topes de gastos y a las aportaciones. Seguramente, para muchos grupos ilícitos, aportar a las campañas políticas puede ser una inversión.

Ahora bien, entendiendo la dinámica en el flujo del capital a las operaciones delincuenciales, y su variante que puede ser el aporte a campañas políticas, podemos abordar con un poco de sustanciala crítica al financiamiento privado, de donde los claro oscuros se diferencian.

Dentro de las bondades o atributos del financiamiento privado, encontramos que es una garantía política de cualquier persona física, en donde nos podemos ubicar los ciudadanos, “de a pié”. Es un reconocimiento del Estado a la participación política. Es manifestación de libertad del ciudadano destinar sus recursos con rumbo a donde le parezca más adecuado, y para apoyar las causas que le resulten más justas, o convenientes. En materia política es el “laissez faire, laissez passer”[3], un acto libertario absoluto.

En este sendero, del deber ser, debemos señalar a su vez que cualquier persona moral mexicana, debería poder participar en la actividad política por medio de sus aportaciones. No obstante, y dado que el Estado mexicano, aún no ha podido salir del cascarón autoritario para nacer a la democracia plena, el régimen corporativista parte medular del antiguo sistema hegemónico, le da una profunda ventaja a un sinnúmero de personas morales[4] que en pleno uso y goce de sus derechos políticos fueron una de las anclas más severas al tránsito democrático, principalmente por los grandes recursos financieros con que cuentan lejos del escrutinio público, mecanismo de componenda político del rancio régimen dictatorial en extinción.

Por otro lado, el financiamiento privado es un Derecho Humano, o Derecho Colectivo a la participación política por medio de la libre aportación en dinero y en especie a la actividad política. Destacan, aparte de las personas físicas y morales,  las aportaciones de los militantes, y candidatos, así como el trabajo voluntario, en donde los “meritorios”, quienes aportan su fuerza física o intelectual, y quienes desde la etapa del sistema de partido hegemónico desempeñaron un papel importante. Del trabajo voluntario en los partidos y las campañas proselitista, debemos señalar que a la fecha es incuantificable, y no es señalado en la legislación.

Probablemente el aspecto más importante del financiamiento privado es que no genera una erogación del Estado, ya que no proviene de una partida presupuestal pública, por lo que los contribuyentes no son los que financian.

En este sentido, para los más puristas detractores de la financiación pública, éste es el talón de Aquiles del aporte estatal, que es criticado por sus grandes montos. Sin embargo, en un país como México, pese al gran esfuerzo realizado en los últimos lustros, y en particularel magnifico esfuerzo político del último año, el país aún arrastra problemas inerciales como los señalados al inicio del comentario, por lo que podría resultar contraproducente dejar a la financiación privada la mayor carga comicial. Al menos, y como se ha señalado en esta etapa de nuestra incipiente democracia.

También se puede indicar con respecto al financiamiento privado que las personas, por medio de sus aportaciones pueden expresar libremente su manera de pensar, ya que aportar sin coacción a una candidatura, debemos apuntar, es un acto de libertad política. En este sentido, no debemos dejar fuera del comentario que el capital nacional, en un esquema democrático pleno, y una vez superadas las contradicciones inerciales del tránsito a la democracia, en un futuro se podríaexpresar libremente para apoyar políticas públicas que desarrollen algún sector en especial.

Por otro lado, el financiamiento privado tiene también muchas desventajas, que gravitan alrededor del diagnóstico ofrecido inicialmente, que hemos sintetizado como las inercias del tránsito democrático.

Comenzaremos por decir que este tipo de recurso se presta a la tentación de la simulación financiera, en la que capitales privados de origen ilícito pueden tratar de influir en la conformación de la soberanía nacional.

El caso de Michoacán es emblemático, en donde se han captado en video a líderes de empresas ilícitas, alardeando del poder que detentan para “apadrinar” candidaturas a diversos puestos de elección popular.

Por otro lado, sin contrapesos, los grandes capitales lícitos pueden monopolizar el mercado político por medio del dinero. Es decir, comprometer a los representantes populares en la defensa de sus intereses financieros por medio de sus aportaciones a las campañas políticas. O hasta la compra de candidaturas.

También el financiamiento privado, se presta para un manejo opaco de las finanzas partidarias. Es decir, en el momento en el cual se quiere obtener el triunfo en las urnas por medio de la compra de votos, o la saturación, los topes de los gastos de campañas en cualquiera de las elecciones de que hablemos se disparan, y los encargados de la presentación de los diversos informes tratarán de forma natural de “maquillar” las cifras, entrando en un juego perverso, dinero ilícito – simulación financiera.

En este sentido, el resultado es altamente pernicioso, ya que se corre el riesgo de corromper el sistema político nacional, al ser el dinero el factor más importante, y por lo tanto el factor que determiné el resultado electoral, y no la oferta política, el trabajo político o el cumplimiento de las promesas de campaña, ya que las agendas de los representantes populares surgidos de un esquema pervertido, estarían plenamente identificadas con su dueño.

Por otro lado, al ser el capital el factor determinante, se corre el riesgo de quebrantar la libertad, ya que el poder económico la secuestraría irremediablemente, porque la riqueza está concentrada en un pequeño grupo de seres humanos. En este sentido, si no existieran los límites a las aportaciones privadas, se corre el peligro de que los actores financieros más poderosos ahoguen las voces de la gran mayoría.

En México, en la etapa política por la que nos encontramos atravesando, los altos niveles de inseguridad que todavía se encuentran patentes, y los nacientes controles financieros efectivos, facilitan la posibilidad de que dineros provenientes de fuentes ilegitimas traten de conformar la soberanía nacional, por lo que la preocupación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray cobra un sentido vigente y estratégico, aunado a la conciencia de la problemática expresada por el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, reseñada esta última en la pasada entrega, lo que le da cuerpo entero a la problemática de mérito.

También se debe tomar comoalarma, que los grandes capitales determinen la agenda nacional al comprometer a los candidatos, por medio de aportaciones importantes fuera de los controles financieros del Estado mexicano, ya que como lo señaló el Dr. Córdova, los capitales no tienen ideología, tienen intereses, por lo que pueden aportar a cualquier campaña, de cualquier partido, o a todas las campañas de todos los partidos.

Por otro lado, puede resultar más compleja, y hasta inocuala fiscalización del financiamiento privado a la actividad política por parte del Estado nacional, sino existe un sólido compromiso, y una clara coordinación entre el órgano comicial y las diversas entidades del Estado en materia financiera.

Es importante dejar en claro, que a nuestro juicio, en la etapa por la que atraviesa la democracia mexicana, el financiamiento público es fundamental, en los términos de la norma constitucional y legal vigente. Expresando que cualquier precio que se pague es poco, si consideramos que el cambio del Régimen ha sido, además de lento, un viraje extremo, que no obstante ello, ha mantenido gobernabilidad política sin sobresaltos serios, por lo que, hasta que no se consolide este proceso de cambio estructural, la tutela estatal es básica, sin dejar de lado que la financiación privada es una garantía de los individuos, yun derecho humano, claro está que con los debidos pesos y contrapesos.

*Jesús Alberto Navarro Olvera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado patrono en materia Civil, y experto en Juicio de Amparo en materia de Derecho Familiar y Penal. Autor del libro Los medios de comunicación en Materia Electoral, las nuevas claves de la lucha política. Editorial vLex, México 2013.