=Por Edgar Cortez*=
Hace casi dos años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a evaluación de riesgo; que las medidas que se debían asegurar a las defensoras, defensores y periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para proteger a estos grupos.
Al paso de los meses los problemas crecieron y se multiplicaron de forma que el 24 de marzo de 2014 los cuatro representantes de la sociedad civil que participamos en la Junta de Gobierno del Mecanismo suspendimos nuestra participación hasta que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación atendiera los siguientes asuntos: nombrar como nuevo Coordinador Ejecutivo Nacional (CEN) del Mecanismo a una persona con experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos; formular un plan de trabajo que ofreciera soluciones a los problemas y además estableciera una política laboral respetuosa de los derechos humanos de las personas colaboradoras del Mecanismo.
Respecto del primer punto ahora está al frente un nuevo encargado del Mecanismo; en cuanto a lo segundo se han hecho compromisos parciales como son que se integrará un equipo especial de diez personas que realizará la totalidad de las evaluaciones de riesgo pendientes en un plazo de tres meses y para esto se contará con la asesoría de un grupo de expertos colombianos que capacitará a este equipo especial y al persona ordinario en evaluación de riesgo; al mismo tiempo se ha comprometido a que los recursos económicos fluyan para que en un plazo de tres meses estén operando todas las medidas de protección pendientes y que los nuevos casos reciban protección inmediata.
La capacitación mencionada fue impartida la semana pasada y entonces los plazos establecidos ya están corriendo. El Mecanismo enfrenta la cuenta regresiva.
El cumplimiento de la obligación del Estado de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos requiere de voluntad política y de efectividad operativa, pues la primera sin la segunda es pura palabrería.
Durante los primeros meses de vida del Mecanismo las fallas se justificaban pues éste era nuevo y se estaba aprendiendo. Una excusa de este tipo ahora es insostenible, si en el corto plazo el Mecanismo no se torna efectivo será la constatación de que al Estado, incluido gobierno federal y los gobiernos de los estados, no les interesa la suerte de los periodistas, ni de las personas defensoras de derechos humanos.
*Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
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