=Por Jesús González Schmal=
Los casos de Tabasco y Coahuila tienen demasiadas semejanzas. Resulta que en ambos casos, el asesor financiero de los dos gobiernos lo fue el despacho PROTEGO Asesores (fusionada con Evercore Partners) especializado en inversiones y finanzas públicas, fundada por Eduardo Aspe, nada menos que el ex-secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. En la misma empresa brincó Luís Videgaray de asesor externo para deuda pública en el Estado de México, a Secretario de Finanzas de la misma entidad y, actualmente, Secretario de Hacienda con Peña Nieto.
Hay todavía más similitudes. Ambos Estados ocultaron el monto de su deuda pública (36 y 18 mmp respectivamente). A través de las “reestructuraciones” es decir, de pagar intereses al vencimiento y volver a documentar como nuevo adeudo el capital con intereses, generaban pingues ganancias para PROTEGO como intermediario, además de los honorarios por asesoría. También aquí, los dos, contando con la complicidad de sus Congresos locales les autorizaban todo y sus diputados recibían el premio por fuera y con recomendaciones políticas para nuevos cargos.
Es evidente que Moreira y Granier, ante todo, cumplieron como priistas. Gran parte del adeudo que contrajeron fue a parar a las campañas de su partido en los estados que se requiriera y al momento oportuno en efectivo y disponible, sin necesidad de firmar recibo. El caso de los 86 millones en efectivo de la finca de Nacajuca y los 25 del aeropuerto de Toluca del Gobierno de Veracruz, así como los mil doscientos millones de Moreira, obtenidos con documentos falsificados para ser transferidos en cuentas de los estados en campaña, son todas operaciones típicas electorales. Como lo fueron también los que se pagaron a Soriana y a Monex para la compra del voto con recursos del Estado de México y del Sindicato Petrolero.
Sin embargo, pese a tantas similitudes entre Coahuila y Tabasco, hay una diferencia que ahora resulta fundamental. En Coahuila después de Humberto Moreira siguió su hermano Rubén del mismo apellido. En Tabasco, después de Andres Granier, le sucedió Arturo Núñez de una coalición de partidos de oposición de Izquierda. La distancia es abismal y, desde luego, las esperanzas de hacer justicia al pueblo en uno y otro caso, son también claras puesto que los tabasqueños tienen más probabilidades de que no vaya a prevalecer la plena impunidad.
Los desfalcos conocidos y muchos más todavía ocultos, tienen un doble efecto. Por una parte el dinero traspasado a campañas del PRI se lava automáticamente, porque nadie va a decir de donde vino y a donde va.
El pacto no escrito es que si en un momento se tiene que meter a la cárcel a algún líder sindical o ex gobernador (léase Elba Esther Gordillo, Romero Deschamps, Granier o cualesquiera otro) no puede soltar la sopa y delatar a cómplices. Tendrá que guardar silencio si quiere salir en un plazo razonable, una vez que se enfríe el asunto. Porque, de otra forma, por más que salpique a otros, ello no le ayudará en su defensa legal, sino lo hundirá todavía más.
La segunda consecuencia es que, conforme a la ley de las mafias alguien, entre muchos que lo hacen, tiene que pasar el trago amargo de expiar las culpas por el bien de la permanencia del sistema. Tal sacrificio es obligado incluso para el mantenimiento del privilegio en sus propios hijos o parientes, a los que no alcanzará la desgracia de quien tenga que ser exhibido para cubrir las apariencias de las proclamas presidenciales contra la corrupción: “caiga quien caiga”.
Hay otra proximidad más entre Moreira y Granier. En los dos estados ocurrieron devastaciones y desastres por los que obtuvieron recursos federales extraordinarios para atender las condiciones de emergencia. En Coahuila fue el incendió de más de 240 mil hectáreas de bosques y pastizales aunque pocas viviendas por lo extenso del territorio. En Tabasco, las inundaciones en Villahermosa por el desborde del Grijalbo y las presas rebasadas en otros municipios, dejaron a decenas de miles de familias damnificadas. A todo ello tuvieron que resignarse las víctimas que perdieron todo sin que, a la fecha, se haya encontrado responsable alguno ni en lo local ni en lo federal pero, eso si, prolifero la rapiña con los fondos y ayuda humanitaria.
Por ello Denise Dresser bautizó a Granier como el “Moreira del Sur” aunque, para nuestro pesar, no son casos excepcionales. La escuela Moreira se dio antes en Montiel, los Salinas, Yarrington, Fox-Bribiesca, Calderón-Zavala etc. Como si éste cuadro no fuera patético, hoy la Suprema Corte de Justicia contribuye a proteger la impunidad de los delincuentes contra el patrimonio público. Ha confirmado que los ciudadanos no tienen derecho a conocer la declaración de bienes de quienes desempeñan un cargo de elección o designación en el gobierno de la República. Nuestro máximo Tribunal se convirtió, por instinto de autoprotección, tapadera de los más brutales despojos a un pueblo burlado y robado sistemáticamente.
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