Impunidad en las finanzas públicas

Foto: Noticias Prodigy

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=Por Jesús González Schmal=

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), es el medio por el cual el Poder Legislativo ejerce la función revisora y comprobatoria de la eficiencia y honradez, con el que se realiza el gasto público autorizado en el presupuesto anual que, a su vez, aprobó la Cámara de Diputados.
Como se podrá ver en esa breve descripción de lo que hace la Auditoria Superior, su trabajo como fiscalizadora del correcto uso del dinero del pueblo es crucial e imprescindible en un estado moderno que se jacte de ser republicano y democrático. Para ello, se ha dotado a la ASF de autonomía de operación y sólo tiene obligación a su vez, de rendir o entregar sus resultados a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que éstos se hagan del conocimiento del pleno y por consiguiente, del común de los ciudadanos que son los que, con sus impuestos y pagos por servicios públicos, sostienen el funcionamiento del gobierno.

Pues bien, esto que resulta tan obvio y tan lógico, es otro de tantos mecanismos de protección del patrimonio público que en México resultan inútiles. Primero, porque el informe de las revisiones o auditorias se dan a conocer dos años después del periodo anual del que se efectuó el gasto. Segundo, porque la infinidad de desviaciones, confusiones e ineficiencias que se detecten, pasan a un largo periodo para pedir aclaraciones y, al encontrar un responsable de los incumplimientos o incluso peculados sólo, excepcionalmente, se pide que al autor del ilícito se le finquen responsabilidades administrativas o penales ante la Secretaría de la Función Pública. Tercero, en la mayoría de los casos el servidor público inculpado ya no estará en el cargo e, incluso, es posible que ya sea otro el partido político que lo detenta.

Así, la gran mayoría de hallazgos de desfalcos que descubre la ASF, pasan a un expediente reservado que queda congelado para futuros usos políticos. Para nadie son desconocidos los informes de la auditoria de los doce años de gobiernos panistas que, incluyendo la última del 2012, cuyo informe se acaba de rendir, encontraron un sinfín de irregularidades, descaradas y disfrazadas sustracciones de recursos, ó dispendios exorbitantes por parte de los titulares de las dependencias. Todo ello va a quedar como una afrenta más al pueblo que se sumará a otros tantos agravios que están en la causa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos.

La Auditoria Superior de la Federación encontró en ese periodo más daños y perjuicios al patrimonio público, que los ya crónicos por la corrupción e ineficiencia en la ejecución del gasto de los gobiernos de Fox y Calderón. La conclusión que se desprendió del análisis y estudio de lo ocurrido en la docena panista es todavía más grave, y en el informe se dictaminan como: “riesgos de sustentabilidad a largo plazo, derivado de una baja recaudación, gastos fiscales excesivos, tendencia inercial y creciente del gasto público, así como el aumento de la deuda pública para financiar el déficit presupuestario”. Calderón dejó al país con 5.5 billones de deuda. Peña Nieto la ha incrementado a 6.6.

L

os gobiernos de los estados multiplican éste desastre. Sus Auditorias superiores, equivalentes a la federal, están absolutamente sometidas a los Ejecutivos locales y se dan casos como el de Coahuila en el que nunca “detectaron” los préstamos monumentales que contrataba el gobernador con bancos privados, respaldándolos con documentos falsos, respecto de aportaciones que le debía la Secretaría de Hacienda. Para el final del periodo presidencial panista, los estados acumularon deudas por .5 billones, que están requiriendo ya, de un “rescate federal”.
Como de costumbre el partido en el poder dice que lo pasado es pasado, que no tiene remedio, que la impunidad en las finanzas públicas es de nuestra propia idiosincrasia prianista, que en todo caso la receta será nuevamente hacer leyes que prohíban lo que ya estaba prohibido, que es robar de las arcas públicas pero que, en el futuro nos ofrecen que la nueva norma si se va a respetar. El ciclo se repite, las fortunas ilícitas se multiplican y el país, su niñez, su juventud; queda al garete.
Bien dice Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, que un posible remedio es practicar la Auditoria simultánea al ejercicio del gasto para presentar los resultados de la fiscalización inmediata a la erogación. Se requiere crear un “Sistema Nacional de Fiscalización” que -agregamos nosotros-, esté coordinado con el Sistema de Transparencia, para que, así como ahora el Sistema de Administración Tributaria exhibe a los contribuyentes omisos, así también, la ASF publiqué nombre, foto y monto de los servidores públicos que traicionan la confianza del pueblo.
Quién puede dudar que el atrofiamiento de la Administración Pública se deba primero a la falta de una planeación rigurosa, distribución de tareas sin duplicidades, selección cuidadosa de la aptitud, y probidad de los titulares de los cargos públicos pero, también, a la falta de un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización que, como lo propone Pérez Saavedra, impida que como ocurrió en 2012, en los Pinos se autoricen erogaciones por 1,986 millones y se eleven a 3 mil 5 millones y, en los fideicomisos por transferencias no autorizadas, se llegue a la descomunal cifra de 662 mil millones de pesos, sin presupuesto de por medio.

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