La corte, obligada a declinar

Foto: Blog Cuauhnáhuac

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=Por Lic. Jesús González Schmal=

Un premio de Derechos Humanos de la ONU a la Suprema Corte de Justicia mexicana apareció sorpresivamente causando, a los que conocemos a este organismo, como el último que podría ser merecedor de esta distinción. No acabábamos de saber el último balance de Human Rights sobre la trágica situación del respeto a los Derechos Humanos en México y el anterior, sobre el escenario deplorable de la administración de justicia en todos los niveles, cuando, aparece lo inusitado: el galardón 2013 se otorga, nada menos que al máximo Tribunal de Justicia de nuestra patria.

Algo raro está pasando. No puedo creer que la ONU sea tan ligera, y desconozca que fue este supremo Tribunal el que apenas el pasado 3 de septiembre de este año incurrió en un atentado contra el Convenio de Viena Sobre el Derecho de los Tratados Internacionales, al interpretar la avanzada reforma constitucional del mes de junio de 2011, que consagraba el principio pro-persona de los Derechos Humanos, para supeditar su vigencia ahora, a que éstos no contravengan el texto de una norma constitucional.

Sólo el Ministro José Ramón Cossio se atrevió a decir que este criterio de la Corte era contradictorio con interpretaciones anteriores y que constituía una flagrante violación al propio artículo 27 del Convenio de Viena que señala: “Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones en su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado”. No obstante los diez Ministros restantes se atrevieron incluso a invadir facultades legislativas con tal de satisfacer la necesidad del Presidente de la República para mantener el arraigo, la incomunicación, la extinción de dominio y otras tantas medidas que repetidamente se han considerado contrarias a los Derechos Humanos en el Foro Jurídico Internacional.

Recordemos que la actual Suprema Corte de Justicia es producto de un golpe de estado que Ernesto Zedillo coludido con el Poder Legislativo consumó contra el Poder Judicial hacía 1994 extinguiéndolo hasta que, por un acuerdo entre los partidos políticos lo reintegraron acomodando la selección de los Ministros al típico reparto partidista. Hubo sin embargo esfuerzo de algunos juristas como el Ministro Juventino Castro y Castro que legitimaron la nueva Corte con resoluciones tan avanzadas como la del caso de Aguas Blancas Guerrero,  aun cuando posteriormente se dieron retrocesos como el de San Salvador Atenco, Mario Marin (Puebla) y otros, donde justificaron toda clase de atropellos, secuestros,  violaciones etc, dejando incólumes a las altas autoridades que los ordenaron.

Los casos positivos que se destacan dizque para justificar el premio a la Corte son los del profesor Alberto Patishtan, víctima del oprobio de una condena por un hecho delictivo atribuido contra toda evidencia, pero que al fin alcanzó la libertad por virtud de un indulto presidencial y no de la rectificación judicial.

Parecido ha sido el mérito que le atribuyen a la Corte al haber limitado el fuero militar para delitos del orden común, que no fue sino un obligado acatamiento a los términos constitucionales que así lo ordenaban. De modo que los alcances de ambos acontecimientos no dan para la magnitud del reconocimiento mundial.

Resulta todavía más contrastante, la trayectoria de la Suprema Corte  frente a otros galardonados por el mismo certamen. El de hace 5 años fue otorgado a Human Rights cuya contribución al mundo para la defensa de los Derechos fundamentales del hombre, ha sido invaluable y trascendente. Y el de hace 15 años nada menos que a Nelson Mandela por su impresionante revolución pacífica en la proscripción del aparthaid en Sudáfrica y la capacidad para el servicio a la dignidad universal y a su propio pueblo, demostrado incluso con su desapego al ejercicio del poder oficial para no confundirlo con su liderazgo moral, ni con intereses políticos sectarios.

Se hace así abismal la diferencia con la concesión del premio de este año para la Suprema Corte de Justicia, que no ha podido ser todavía el motor para recobrar la majestuosidad como atributo de un supremo poder, tal como lo exigía el ilustre maestro Ignacio Burguoa. La propia Suprema Corte ha perdido prestigio porque ha sido incapaz de renunciar a privilegios en retribuciones económicas desproporcionadas a sus integrantes, cuando el pueblo padece en su gran mayoría precarios ingresos de subsistencia. El honor no se gana con la designación, sino con el ejemplo que ha escaseado crónicamente.

Sería deseable que en mérito a esa conciencia de honradez y pulcritud que debe definir la función de la recta administración de justicia, éste premio asignado por la ONU fuera declinado a favor de alguno de los verdaderos defensores de los Derechos Humanos de nuestra patria como podrían ser doña Rosario Ibarra de Piedra,  don Samuel Ruiz, don Raúl Vera López, Lydia Cacho y tantos mexicanos comprometidos con la causa de los débiles y marginados, cuyos Derechos Humanos se transgreden cotidianamente.

La verdadera lucha por los Derechos Humanos en México se libra contra la violencia estructural entre cuyos victimarios se encuentran la mayoría de los integrantes de la élite del poder judicial. Este sorprendente reconocimiento los debería llevar a cuestionarse honradamente si con su ejemplo contribuyen verdaderamente a la justicia y a la paz social o, si sus privilegios son también parte de las afrentas que sufre un pueblo sistemáticamente engañado por sus poderes políticos y de facto.


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