Por Jesús Alberto Navarro Olvera*
Los antecedentes de los modernos sindicatos, los encontramos en los colegios romanos, las guildas germánicas y las asociaciones gremiales de la edad media, destacando siempre la gran importancia que estas colegiaciones artesanales han tenido para la sociedad a través de la historia.
Sin embargo, el surgimiento del movimiento obrero con sus consecuentes asociaciones gremiales lo podemos ubicar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tiempo que podemos aventurarnos a situar como la época de oro de la Revolución Industrial. De acuerdo a lo expresado por el jurista Néstor de Buen, “El movimiento obrero,…nace verdaderamente cuando se produce el fenómeno técnico de la revolución industrial, que trae consigo, de inmediato, el resultado social del nacimiento del proletariado y produce, por último, que se dicten normas que acaban con el sistema corporativo: el Edicto de Turgot y la Ley de Chapelier,…”[1]
La respuesta no se hizo esperar, y poco tiempo después diversos estudiosos del fenómeno lucrativo, principalmente Carlos Marx y Federico Engels, sintetizaron la gran dicotomía social, integrándola por la Burguesía y el Proletariado, para que el imaginario colectivo comprendiera la idea institución de su complejo pensamiento económico “La lucha de clases”. Es decir, la sinergia entre los explotadores y los explotados, lo beneficiarios del trabajo colectivo, y los despojados del beneficio de la renta.
En México, la actividad electoral a través de organizaciones sindicales, fue un fenómeno que se consolidó durante la época del sistema de partido hegemónico. La lógica política rondaba alrededor de líderes reales y de autoproclamados representantes sociales, todos bajo el férreo control de la Confederación de Trabajadores Mexicanos CTM, liderada durante poco más de 40 años por Fidel Velázquez Sánchez, político sindicalista mexicano nacido en Nicolás Romero, Estado de México, el 24 de abril de 1900.
No sobra resaltar el alto grado de influencia que la Confederación generó a lo largo de los años, convirtiéndose rápidamente en uno de los factores reales de poder dentro del sistema de partido hegemónico, siendo un fuerte referente en el juego de la sucesión presidencial priísta.
La lucha sindical en nuestro país ha sido intensa, los primeros intentos de una autonomía sindical se dieron en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines[2] y desde esa época el mundo de los gremios ha sufrido cambios que obedecen fundamentalmente a su adaptación a la transformación del Estado mexicano y del entorno mundial.
Sin embargo, una vez que el país ingresó en la etapa de las alternancias de la titularidad del poder ejecutivo federal, estas agrupaciones de trabajadores quedaron a la deriva institucional dentro del esquema de control político que el sistema de dictadura de partido detentó durante setenta años, por lo que en nuestros días sus ventajas naturales tienen una gran influencia en la actividad político electoral.
En primer lugar, mantienen de manera cautiva un padrón de afiliados. Por otro lado, disponen de recursos financieros suficientes para aportar a los candidatos a puestos de elección popular, y proporcionar remuneraciones considerables a los integrantes de la estructura burocrática del sindicato, así como prebendas que hacen tentador y provechoso alinearse con el líder. Esta burocracia sindical, tiene la prerrogativa de, eventualmente, poder dedicarse de lleno al proselitismo político, sin los agobios económicos propios de la actividad partidaria, lo que los convierte en maquinarias administrativas, altamente eficientes en las campañas políticas.
Por estas razones principalmente, las organizaciones sindicales al recargar su estructura y recursos económicos para conformar un partido político, o para favorecer a un candidato, incorporan elementos que generan una gran ventaja estructural en la contienda política.
El marco jurídico vigente en materia electoral señala como una prohibición para los partidos políticos la afiliación colectiva, como lo señala el artículo 38, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)- 1. “Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;” Este dispositivo de la ley, con todo y que no hace mención de los sindicatos, es un claro freno del legislador a la influencia de estructuras colectivas.
En este sentido vale la pena señalar que la legislación electoral vigente considera un tope a las aportaciones de personas morales, rubro en donde los sindicatos encuadran, por lo que el artículo 77 del COFIPE, señala en el numeral 4 lo siguiente: “ El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:….c) El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 77. Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:…. II. Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial;”
Es decir, el legislador, considero también poner un tope al dinero proveniente de las personas morales, encaminado a influir políticamente, y evitar con ello vulnerar el principio de equidad en la contienda política. Como podemos observar existen dos mecanismos de contrapesos políticos, respecto de la influencia que en materia política tienen los sindicatos en México.
No obstante, fuera de consideraciones o juicios de valor con respecto a la actuación política del sindicalismo en México, es un hecho que, después de la alternancia, todavía queda mucho camino por recorrer con respecto del papel que deben desempeñar las organizaciones gremiales en materia electoral, en donde la liberalización democrática es un referente a considerar.
El futuro de la democracia en México, forzosamente debe marchar de la mano de los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos, cuidando que el ejercicio político individual no lesione la esfera de derecho de otros entes, y se respete el principio de equidad como el mecanismo que garantiza igualdad para que los mexicanos acudamos a las urnas y decidamos libremente quien y quienes nos deben gobernar en la búsqueda de un mejor mañana, para que el mejor proyecto de país sea la guía del destino colectivo.
[1] De Buen L., Néstor. DERECHO DEL TRABAJO. I. Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 147 – 148.
[2] “El periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, que se inicia con un sorprendente anatema en contra del régimen anterior lanzado desde la tribuna del Palacio de las Bellas Artes en que el nuevo Presidente toma posesión el 1° de diciembre de 1952, presencia la integración del Bloque de Unidad Obrera, el 7 de marzo de 1955, creando como un medio para tratar de lograr la unidad a nivel de dirigentes de las principales centrales moderadas y además asiste al surgimiento de movimientos enérgicos de los trabajadores que buscan nuevos caminos. Entre los profesores dependientes del gobierno, nace el “Movimiento Revolucionario del Magisterio, en abril de 1958, que es severamente reprimido. La repulsa de los líderes “charros”, toma cuerpo en la elevación de Demetrio Vallejo, como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana en alas del “Plan del Sureste” (…) Se trata de un movimiento que intenta “la anulación del líder sindical como cauce institucional de resolución de las demandas” (Alonso, p.108) y que toma cuerpo, también, entre los trabajadores petroleros.”
Op. Cit. Pág. 385- 428.
*Jesús Alberto Navarro Olvera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado patrono en materia Civil, y experto en Juicio de Amparo en materia de Derecho Familiar y Penal. Autor del libro Control y Vigilancia del Origen, Monto y Uso de los Recursos partidarios.México 2005. Editorial Porrúa.
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