Foto: Trascavo Político
=Por Jesús González Schmal=
Desde principios de este año, Francisco Arroyo Vieyra, quien había sido diputado, después fue senador y ahora, desde diciembre de 2012, otra vez diputado y presidente de la misma Cámara. Con ese carácter, no guardó ningún secreto de su propio partido, al reconocer que se habían equivocado al haber aprobado las reformas más avanzadas a la Constitución desde su promulgación en 1917. Éstas se publicaron en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011, con las que se moderniza el lenguaje de las denominadas garantías individuales y sociales.
Con la reforma constitucional dichas garantías adoptan el nombre de derechos humanos, sin excluir a ninguno de los clasificados de segunda y tercera generación, que se contiene en los diversos tratados y pactos internacionales. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derivada de la Carta de San Francisco, se ha acrecentado la conciencia por cada día mayor número de países, reconociendo que la anhelada Paz Mundial es directamente proporcional a la vigencia y respeto de éstos derechos, al interior de cada una de las naciones del mundo y, entre éstas, para la protección de todos los habitantes del Planeta Tierra.
De aquí nace precisamente la corresponsabilidad de los gobiernos de las naciones, para asumir la obligación irrenunciable de aceptar los valores jurídicos de dichas normas fundamentales para hacerlas parte de su legislación y propiciar su observancia, sin subterfugios para rehuir éste compromiso por supuestas incompatibilidades con sus ordenamientos internos. Es precisamente aquí, en donde se mide la honestidad de un gobierno para con su propio pueblo y, para con el mundo. Honrar los compromisos contraídos para el logro de la justicia en su país y el orden en la convivencia internacional para vivir un futuro civilizado y en armonía. Es la deuda de hoy con los niños y jóvenes de todo el orbe.
El párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución mexicana se adicionó con el siguiente texto: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
El artículo 133 que no ha sufrido modificación alguna desde 1934 reza: “Ésta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
La resistencia que siempre hubo para la plena vigencia de éste dispositivo, generó dificultades porque, por inercia, prevaleció el texto constitucional sobre el de los tratados y hasta hubo una jurisprudencia de la Corte en cuanto a que los Tratados Internacionales sólo podían sobreponerse a las leyes generales, pero no respecto de la Constitución. Pues bien, ahora la reforma de 2011 no deja duda de que México se inserta en la era moderna de lo que fue el derecho de gentes, después garantías y ahora derechos humanos y que, tal avance es irreversible.
Francisco Arroyo Vieyra con su partido en el poder dio marcha atrás. No sólo por cuanto a lograr que la Suprema Corte de Justicia se ciñera a que los derechos humanos y el principio pro-persona se subordinaran a la Constitución, cuando hubiese confrontación con ésta sino, además, hizo uso del máximo tribunal desnaturalizándolo para invadir funciones legislativas. La razón aparente fue la de mantener en el régimen actual, la herencia perniciosa del arraigo, la prisión preventiva y la extinción de dominio, pero en el fondo lo que se pretende impedir es el que, así como se derogó el fuero militar absoluto, también tendría que abrogarse toda la legislación inquisitiva contra el crimen organizado.
Quien puede dudar que la necesidad de tener vivas leyes draconianas que atentan contra derechos humanos, no revela sino la ineptitud e incapacidad del gobierno para preservar la convivencia nacional. El orden y la paz es fruto de la predica con el ejemplo, con intachable ética para gobernar sin violencia, con la fuerza del derecho y con autoridad moral. Al fin y al cabo Peña hará lo que Calderón y éste hizo lo que sus antecesores, para los que la falta de plena legitimidad de origen, los lleva a la imposición de un “derecho penal del enemigo”, en el que se postergan las garantías dizque para conseguir la seguridad pública.
Para colmo, la regresión de Arroyo y de la Corte implicará también una exhibición internacional de trascendencia porque supone, de suyo, salirse de la Convención de Viena que postula sobre “El derecho interno y la observación de los Tratados que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”. Se trata nada menos que de un golpe de estado. Paradójicamente el Tribunal más alto de la República interrumpe la vigencia de los derechos humanos, para imponer el arcaísmo de un texto constitucional rebasado.
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