Periodo extraordinario en “Banamex”

Foto: Trascavo Político

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=Por Jesús González Schmal=

Con la prisa por sacar las necesidades peñanietistas de cambios legislativos en educación, información, deuda estatal y hasta candidaturas independientes de los partidos, previamente a la Reforma Energética, se articuló un fast-track para que, brincados esos escollos, se retomara el Pacto en el periodo ordinario de septiembre y, después del Informe presidencial, se saque por fin, la tan ansiada venta de Pemex.

El plan del periodo extraordinario puso en evidencia que el pobre Congreso, convertido en amanuense del Pacto por México, no da ya de si, porque, contra toda lógica y utilizando como camuflaje la necesidad de cambios estructurales, se anulan las propias instituciones constitucionales. Así quedó de manifiesto este subterfugio, al “amaizar” a los líderes del PRI, PAN y PRD, para intentar que el Pacto sustituyera lo engorroso del debate parlamentario. Al final resultó un fiasco porque, desde fuera del Congreso, los maestros, la opinión pública, Morena, prensa libre, entre otros, no se fueron con la finta y desenmascararon la maniobra

En efecto. ¿De donde salió el mentado Pacto para reemplazar a los órganos constitucionales? Seguro que fue idea de alguno de los asesores geniales de Peña como el que, últimamente, le sugirió decir que el regreso del petróleo a los extranjeros, hubiera sido bendecido por el General Lázaro Cárdenas. Lo cierto es que Peña se tropieza con la misma piedra de Calderón. Cuando un Presidente es incapaz de convencer y mantener una interlocución con el Congreso, no puede ser más que por dos razones: porque su limitación intelectual se lo impide o porque, lo que trata de conseguir que se apruebe, es contrario a los más elementales y primarios intereses de México.

En este típico caso concurren las dos razones. Peña no tiene evidentemente, la mínima aptitud para convencer a nadie y lo más importante, como lo demuestra la maniobra de querer imponer su decisión llegándole al precio a los líderes de los tres partidos, el beneficio de su propuesta de privatización del petróleo no se sostiene en un debate serio y con información fidedigna. He ahí entonces, la causa de este atajo mal calculado hasta ahora, por el que ha transitado el gobierno de nueve meses de antigüedad.

Pero, por si fuera poco, el Pacto hace agua y el fast-track no operó del todo, porque los maestros de la CNTE a los que primero embaucaron con la zanahoria de que hicieran foros regionales para obtener propuestas que serían consideradas cuando el Congreso revisara los proyectos del Ejecutivo en materia educativa, a la hora de la hora, les cierran las puertas de la Cámara de Diputados y, sin el menor recato, mandan las sesiones del plenario a la sede light en el Centro Banamex. Todo con la aprobación de las iniciativas, mientras los maestros se encabritaban y cometían excesos con lo que, la televisión los exhibía como rijosos incorregibles.

Para cubrir las apariencias, y darle por su lado al “respetable”, en la susodicha instalación bancaria, se aprobó, prácticamente por unanimidad, que los gobernadores de los Estados ya no incurrieran en la ilícita práctica de endeudar a sus haciendas para comprar las elecciones, ni para hacer comaladas sexenales de nuevos ricos. El público aplaudió y nadie se dio cuenta de la bola baja. Primero, tal desfalco, fraude, sobreendeudamiento o como se le quiera llamar, ya estaba expresamente prohibido en la fracción VIII del artículo 73 constitucional y desde luego en leyes secundarias pero, por si fuera poco, con este reformón, se da patente de impunidad a los gobernadores delincuentes (recuérdese a Moreira, Granier, etc) que podrán aducir en un amparo, que tan no era ilícita su conducta, que hasta ahora se esta prohibiendo hacerlo y como no es retroactiva la ley, quedaran a salvo, al menos por cuanto a éste ángulo del delito.

Lo último, ante lo limitado de éste espacio para comentar, es lo ocurrido en la iniciativa de reforma del IFAI, la que también se quería mutilar para eximir a sindicatos, partidos y fideicomisos públicos de la entrega de información. Como los cacharon en la trampa, los priistas se conformaron con la ambigüedad en cuanto a la Procuraduría y con la intromisión de un recurso del Consejero Jurídico de la Presidencia para ocultar información comprometida a criterio de éste y con derecho para llegar hasta la Suprema Corte. Nadie se quiso dar cuenta que el mismo estrafalario IFAI no es sino un costo inútil y un trámite limitativo de un derecho a la información inherente a la democracia y, por consiguiente, obligatorio para la autoridad, sin que se requiriera de opulentos consejeros del Instituto para ejercer tal prerrogativa irrenunciable del ciudadano.

Aquí quedó en evidencia, una vez más, la absurda patraña de querer hacernos creer que el dar información al pueblo es optativo para el gobierno y sus instituciones que se mantienen de recursos públicos. Tal derecho ahora rebautizado “la transparencia”, es inseparable con el de ser ciudadano. Lo debido hubiera sido que en este periodo extraordinario se reglamentara la revocación del mandato para el servidor público que se niegue a serlo. Evidentemente esto no estuvo, ni estará, en la agenda legislativa.


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