Foto: Trascavo Político
=Por Jesús González Schmal=
La vejez, ancianidad, senectud, tercera edad, ha sido, en la historia de la humanidad el ciclo de la vida que después de la niñez, ha significado el más alto grado de aprecio y respeto de la mayoría de la comunidad que oscila entre la juventud y la adultez. En nuestras culturas autóctonas todavía, el consejo de ancianos, es la autoridad moral de más alta jerarquía que dirime los conflictos y orienta las decisiones de los pueblos indígenas.
En el México moderno, las tradiciones se fueron perdiendo y la centralidad de las familias en los abuelos se disolvió por la dinámica de la vida urbana que reduce el espacio y tiempo de convivencia y apartó a los descendientes, que al llegar a la edad adulta se separan del hogar paterno. Sin haber habido una conciencia clara, el anciano fue quedando relegado y no pocas veces sometido a actitudes de abandono y de condición de estorbo en la demanda de tiempo que se requiere frente a las necesidades laborales y escolares, del resto del grupo familiar.
Contra ésta tendencia y otras múltiples formas de discriminación, leves y graves, hay un consenso universal contra esa corriente de desprecio a los ancianos que en las nuevas generaciones, es cada día más evidente. Los derechos humanos de segunda y tercera generación han sido más directos en reconocer ésta crónica lesión a la dignidad de trato y de respeto para los viejos. Infinidad de acuerdos a nivel de las Naciones Unidas se han emitido a éste respecto.
Nuestra patria ha adoptado estos tratados internacionales y al instrumentarlos jurídicamente, se han promulgado leyes y se han creado costosas instituciones que tienden a cuidar el derecho de los que también, con mayor afecto, se les ha llamado “abuelitos” a no ser discriminados en las oficinas públicas, en los servicios urbanos, en el seno de las familias y en general, ante el resto de la sociedad. Hace algunas décadas se creo el Instituto Nacional de la Senectud que hoy cambio el nombre al de Instituto Nacional de los Personas Adultas Mayores, y cuyo director es Alejandro Orozco Rubio
Adicionalmente, el siempre bien recordado, Gilberto Rincón Gallardo, consiguió abrir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que actualmente dirige Ricardo Antonio Bucio quien fue reelecto. También se promulgaron sendas leyes sobre la materia y se creó en el Código Penal el delito de “Discriminación”, que en lo que respecta al Distrito Federal consigna: “Se impondrán de uno a tres años de prisión… al que por razón de edad… atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. II. Niegue un servicio o una prestación a la que tenga derecho (se entiende las que se ofrecen al público en general); III. Veje o excluya alguna persona (por razón de edad)”. Si el autor del delito es servidor público: “se le aumentará en una mitad la pena prevista y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo…”. No existe aún en la Procuraduría de Justicia un solo Ministerio Público que entienda que ésta conducta delictiva atenta contra el valor jurídico a la integridad y respeto a las personas mayores.
Todavía más, existe en el Distrito Federal una Junta de Asistencia Privada que es un organismo desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal y cuya función consiste en controlar los cientos de Instituciones de Asistencia Privada que atienden, entre otros servicios, el apoyo a las personas adultas mayores. Una de éstas Instituciones es nada menos que el Nacional Monte de Piedad que goza de exenciones fiscales a fin de que sus ganancias se destinen a subvencionar Instituciones de asistencia que se dedican a las personas de mayor edad.
Con todo y ésta parafernalia de instituciones, de políticas, públicas, propagandas, leyes, reglamentos etc, ninguna de ellas ha salido en la defensa de las “abuelitas” que desde hace 25 años, (evidentemente han ido muriendo unas y llegando otras), que se encuentran amenazadas de perder “La Casa de Día” que se encuentra ubicada en la colonia Romero de Terreros al sur de la ciudad y que fue donada como área pública para ese servicio, dentro del fraccionamiento que se le autorizó al Nacional Monte de Piedad para la construcción de casas y departamentos en condominio para sus empleados.
Por eso este 28 de agosto, que por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se destina a reconocer el derecho de las personas de la tercera edad o adultos mayores, constituye una afrenta al medio centenar de ancianas y ancianos que utilizan las instalaciones del Centro Asistencial “Pedro Romero de Terreros” como Casa de Día y que recibían afectuosa atención del personal que los cuida e, incluso, los ayudaba en rehabilitación cuando es necesario. Súbitamente la Institución de Asistencia Privada que tenía la concesión para prestar dichos servicios, las amenazó con un desalojo fortuito sino accedían a salirse del centro.
Una prórroga de seis meses a partir del 3 de junio, les dieron a los familiares de las ancianas para que la Junta de Asistencia Privada resolviera, en definitiva, sobre la desocupación. Entre tanto, no hay autoridad alguna, ni órgano de representación popular que intervenga contra éste acto inhumano de discriminación por razones de edad.
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