El Tribunal de Arbitraje de La Haya, conformado por un panel de tres expertos, ordenó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Ecuador que haga “lo necesario” para suspender la sentencia contra la empresa Chevron dentro y fuera del país.
Cabe mencionar que Chevron llevó el caso al Tribunal de La Haya en base al Tratado Bilateral de Inversiones entre Quito y Washington, y dicha corte arbitral ya obligó en 2011 a Ecuador a detener la ejecución de la sentencia hasta un nuevo aviso suyo.
Mediante un comunicado la empresa Chevron se dice abierta a un «diálogo constructivo» con el Gobierno de Ecuador, al tiempo que rechazó «los reclamos fraudulentos y la conducta indebida de los corruptos abogados estadounidenses de los demandantes».
Asimismo afirma que el laudo «viola el derecho internacional y tendrá escaso o ningún impacto» en la posible aplicación de la sentencia en cualquier lugar del mundo.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador, explicó en un comunicado que el tribunal también ordenó a Chevron hacer un depósito de 50 millones de dólares que servirá como garantía a dicha nación por los costos que el país «pueda sufrir en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta decisión arbitral».
Igualmente, señala que el laudo obliga «de forma expresa a las funciones Judicial, Legislativa y Ejecutiva a adoptar todas las medidas a su disposición para suspender o causar la suspensión de la ejecución y reconocimiento, dentro y fuera del Ecuador, de la sentencia dictada».
La empresa Chevron no cuenta con activos en Ecuador, por lo que los demandantes acudirán a cortes en otras naciones donde la empresa sí tiene operaciones para que le obliguen a pagar la indemnización o le embarguen sus bienes, según Pablo Fajardo, uno de sus abogados de lo demandantes.
Fajardo envió una carta a Diego García en la que denunció «la alarmante falta de independencia e imparcialidad» de la corte arbitral.
Chevron apeló hace un mes el fallo de segunda instancia que ratificó la condena, con el argumento de que las pruebas en que se basa son «fraudulentas», y el caso está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia, que funciona como tribunal supremo de Ecuador.
Recordemos la entrevista que publicó Diario Jurídico a Pablo Fajardo, abogado de los indígenas y campesinos del norte de la amazonía en el juicio contra Chevron-Texaco, luego de la sentencia dictada por el juez de Sucumbíos el 3 de Enero de 2011, material que ayuda a entender el alcance de la sentencia emitida en Ecuador en contra de la empresa estadounidense por los daños ambientales que afectaron a miles de personas.
De acuerdo con el abogado, el caso no fue un accidente, como se ha considerado a algunos otros desastres naturales: fue un sistema operacional para causar daño a la gente.
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