Foto: Profeco.
El Procurador Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano Rodríguez, señaló ayer que con base al nuevo marco
constitucional de protección a los derechos humanos de los consumidores, la Profeco llevó a cabo el Programa de Verificación a Establecimientos con Venta de Huevo y Pollo y bajo ese principio fundamentó y aplicó cada una de las acciones que se realizaron durante la contingencia derivada por la epidemia de gripe aviar.
En conferencia de prensa, Altamirano Rodríguez destacó que el accionar de la Procuraduría a raíz de la contingencia que afectó la distribución y venta del huevo, se sustentaron en la obligación que como autoridad del Estado tiene, y que establece el Artículo 1º Constitucional, para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de la población, entre ellos el derecho a la alimentación.
De esta manera, y derivado del impacto en el costo del huevo que se dio por la presencia de la gripe aviar, la Profeco emprendió sus acciones privilegiando el criterio constitucional de principio pro persona, tomando en cuenta que no solamente estaba en juego la legalidad en las relaciones de consumo, sino también derechos fundamentales como el derecho a la alimentación que ameritan
una tutela especial.
Y es que si bien, explicó Altamirano Rodríguez, no existe un control de precios máximos ni fijos que regule el comercio de estos productos, el notorio incremento del costo del huevo que se presentó en la cadena de producción de este alimento, vulneró no sólo la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino también lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 28º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, abundó, porque en el actuar de algunos proveedores se observó que incurrieron en procedimientos tendientes a generar precios exagerados, para obtener ventajas exclusivas indebidas a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general.
Estas ventajas exclusivas indebidas, que el Artículo 28 Constitucional indica que serán castigadas severamente, se dieron en el contexto de una situación de gravedad sancionada por la Ley Federal de Protección al Consumidor y por incurrir en prácticas abusivas al aprovechar una circunstancia especial del mercado de un producto de consumo básico, en el que llegó a haber problemas de desabasto.
Ante ello, aseveró el Procurador, la Profeco como autoridad del Estado no pudo quedar omisa para asumir su papel de custodiar el derecho universal de las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por lo que en el ámbito de su competencia inició y realizó todas las acciones necesarias y que le faculta la Ley Federal de Protección al Consumidor, para llevar a cabo los operativos de verificación y, en aquellos casos en que se detectaron irregularidades, sancionar a quienes actuaron en menos cabo o atentando contra este derecho.
Por lo anterior, indicó Altamirano Rodríguez, la Procuraduría, luego de analizar cada uno de los procedimientos que abrió, así como los alegatos de los proveedores, estableció las sanciones correspondientes en contra de aquellos que violentaron la Ley y las normas vigentes, además de emprender otras medidas para que las autoridades competentes analicen los casos a fin de alcanzar las resoluciones y sanciones correspondientes.
De esta manera, informó que derivado del Operativo la Profeco realizó más de 10 mil acciones de verificación y vigilancia en todo el país, a raíz de las cuales se detectaron mil 463 establecimientos con posibles violaciones a la Ley y Normas vigentes, resolviéndose hasta el momento 762 casos y en los que se aplicaron multas por un monto superior a los 15 millones 285 mil pesos.
También refirió que dentro de las acciones emprendidas por la Procuraduría, se requirió información a 14 productores de huevo a nivel nacional y a 12 más ubicados en la zona afecta en Los Altos de Jalisco, a fin de conocer el impacto que les ocasionó el fenómeno sanitario en la producción y sus efectos sobre el consumidor.
Por último, agregó, a raíz de la información que se obtuvo con los requerimientos y las visitas realizadas en el lugar, la Procuraduría identificó prácticas por parte de los productores que ameritan ser analizadas a la luz de la Ley Federal de Competencia y, por tanto, se envió un expediente a la Comisión Federal de Competencia.
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