Buscan crear un marco jurídico nacional para derechos de indígenas

Foto: Comimex

Por un sólo marco jurídico nacional que reconozca los derechos de los indígenas de México, y se retomen los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados hace 18 años, ya que concentran las demandas de esos pueblos, aún no cumplidas, se pronunció el diputado Sebastián de la Rosa Peláez (PRD), presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

Expresó el compromiso de los diputados federales a impulsar la armonización de todas las normas legales existentes en el país, para traducirlas “en una reforma constitucional que permita el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas”, acorde a los Acuerdos de San Andrés, celebrados en 1996, y a las recomendaciones internacionales.

Estos pronunciamientos los hizo durante el foro “Derechos Indígenas y Armonización Legislativa”, organizado por el CESOP de la Cámara de Diputados, y la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, inaugurado por el senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, en el Museo de la Ciudad de México.

De la Rosa Peláez afirmó: “queremos una legislación única y precisa, sin términos que manden mensajes equivocados y queden a la interpretación y libre voluntad de quienes gobiernan en el momento”.

Consideró que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar están vigentes y son todavía una oportunidad para reconocer las formas propias de organización social y política de los indígenas.

Destacó que todos “los esfuerzos locales pueden materializarse, no necesitamos tantas normas dispares, sino reconocimiento constitucional de todos los derechos indígenas, los cuales con la reforma constitucional en esta materia del 2001 no se lograron”.

Al participar, el diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD), integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, urgió a concretar la reforma constitucional pendiente y una Ley General de Consulta a Comunidades Indígenas, a fin de armonizar la legislación y superar los rezagos existentes.

Sugirió que las conclusiones de este foro y los acuerdos legislativos concertados para construir un solo marco jurídico que atienda las demandas de los pueblos originarios, sean entregadas en la reunión de alto nivel que se realizará en México en abril próximo, previa a la Conferencia Mundial de las Siete Regiones Indígenas, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a efectuarse en septiembre de este año.

Afirmó que “los pueblos indígenas no pedimos más que los derechos que se han conquistado”.

El senador Eviel Pérez Magaña expresó el compromiso de armonizar la legislación para atender las demandas de los indígenas mexicanos, con su indispensable participación, en el marco de un ejercicio plural, democrático y transversal.

Sostuvo que los senadores están conscientes de su propia responsabilidad para superar los pendientes jurídicos en materia indígena. Destacó la necesidad de que se respeten las formas internas de las comunidades para construir el marco jurídico.

A nombre de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, apuntó que “el tema de San Andrés Larráinzar deja de ser tabú y se convierte en un referente político, histórico y moral, que permite reabrir el debate, no sólo sobre el tema indígena, sino en el México al que aspiramos”.

Es la primera vez, después de la reforma de 2001, que un gobierno federal abre el debate en un tema que quiso esconderse durante años, debajo de la alfombra, reconoció.

Destacó que los Acuerdos de San Andrés son punto de partida para establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas de México, y que hace necesario buscar consensos para concretar en la Constitución sus derechos, hasta hoy excluidos del pacto nacional.

Martínez Veloz aseguró que todas las propuestas para lograr la armonización legislativa son bienvenidas, en cuyo compromiso, dijo, deben contemplarse modificaciones constitucionales, revisión de leyes reglamentarias, elaborar la Ley General de Consulta Indígena, adecuación de las instituciones y la elaboración de políticas públicas que permitan a los pueblos ser sujetos y no objetos de las mismas.

En su intervención, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Distrito Federal, destacó la importancia de visibilizar a los indígenas, para que sean tomados en cuenta en los proyectos que se desarrollen en sus comunidades, para evitar efectos contrarios a sus intereses económicos, sociales, políticos y del medio ambiente.

Señaló la necesidad de establecer una nueva relación entre las comunidades originarias y el Estado, el cual, dijo, no les ha dado atención, y son otros sectores los que se benefician de la explotación de las riquezas naturales de sus regiones.

Juan José García Ochoa, en representación del secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, dijo que es necesario llevar a la realidad los Acuerdos de San Andrés, a través de una reforma legislativa que los incluya plenamente y se traduzca en políticas públicas, con la participación activa de los liderazgos indígenas.

Asistieron al foro organizado por el CESOP, los diputados federales Vicario Portillo Martínez y Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (PRD), y Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT.

=Cámara de Diputados=