Por violencia y pobreza, indígenas emigran a campos agrícolas

Huyen de maltratos, pero se topan con la explotación laboral
Foto: CIMAC

Mujeres indígenas que huyeron de la violencia que vivían en sus comunidades de origen, llegaron a los campos agrícolas de Villa Juárez en aras de independizarse económicamente y cambiar la situación de maltratos, carencias y falta de oportunidades en la que vivían.

La ONU, en su informe “Violencia contra las trabajadoras migratorias”, en este 2013 señaló que la mayoría de las mujeres emigran a consecuencia de la violencia de género, la discriminación y la desigualdad en que viven, como es el caso de las oaxaqueñas que padecen este tipo de situaciones y han llegado a los campos agrícolas de Sinaloa, para instalarse y encontrar un área de oportunidades a la que no tenían acceso.

Un caso emblemático de esta situación es Francisca, una mujer jornalera oaxaqueña que labora en los campos agrícolas de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato en Sinaloa, quien relató a Cimacnoticias que tras obtener un empleo en el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM) recientemente aprendió y comenzó a ejercer sus derechos laborales, pero además logró independizarse y expresarse libremente, luego de una historia de violaciones a sus Derechos Humanos (DH) a lo largo de su vida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el aporte migratorio de las mujeres de localidades de menos de 2 mil 500 habitantes es del 65 por ciento, mucho mayor que el que representa la población femenina migrante de poblados mayores.

Francisca recuerda que en su comunidad no se les permite levantar la mirada para entablar cualquier tipo de conversación o emitir alguna opinión, por lo que señaló que le fue difícil enfrentarse a una nueva comunidad con este tipo de conductas, pero a raíz de su empoderamiento las ha podido superar y dejar atrás.

Sentada frente a su madre, quien la escucha durante su relato y quien fuera la primera en llegar a Sinaloa para trabajar en estos campos, detalla que tras quedar a cargo del cuidado de sus cinco hermanos en Oaxaca, sería su abuela quien justificándose en los usos y costumbres acordó intercambiarla por 3 mil pesos y dos animales, para que contrajera matrimonio con un hombre de su comunidad.

Tal situación la evitó al tomar la decisión de emigrar a Sinaloa, a donde llegó a la edad de 17 años, luego de realizar por mucho tiempo labores domésticas y emplearse “moliendo ajeno”, actividad por la que recibía un plato de comida, pero aún así pudo concluir la educación primaria.

Elizabeth Ávila, directora del ISM, informó a esta agencia que según datos que recabaron sobre migración, detectaron que a esta entidad llega una alta población de mujeres que no saben leer ni escribir, y que provienen de las zonas serranas de Veracruz y Oaxaca, con una escolaridad que no supera la primaria.

Además, la funcionaria indicó que estas mujeres vienen de situaciones de “extrema pobreza”, lo que las hace vulnerables, sin embargo buscan un empleo para mejorar sus condiciones de vida y de su familia, y aunque dijo que la principal razón que las lleva a salir de sus comunidades es la económica, también han detectado que la violencia es otro de los factores de expulsión.

Francisca, quien llegó a esta entidad del noroeste del país para huir de un matrimonio forzado, indica que a su llegada tuvo que emplearse en tareas del campo pero le fue muy sencillo, pues no tenía comparación con el tiempo y esfuerzo que destinaba a las labores domésticas y de manutención en Oaxaca, y aunque su abuela fue a buscarla para que cumpliera con la palabra empeñada, ella evitó esa situación escondiéndose por algún tiempo.

Sin embargo, la violencia que había vivido durante su infancia se perpetuó años más tarde al aceptar casarse con un hombre que había abusado sexualmente de ella, por la creencia de su etnia de que el matrimonio con el agresor es la única manera para que las mujeres víctimas de este tipo de violencia no queden en el abandono familiar y social.

Esto mismo fue reforzado por Elizabeth Ávila, quien señaló que existe una violencia estructural que se basa en los usos y costumbres, y con los que se justifica cualquier tipo de violencia, la cual, dijo, está naturalizada en este tipo de sistemas.

Francisca denuncia que las labores para estas mujeres jornaleras se han recrudecido, pues los patrones les están exigiendo casi el doble de productos por día, incluso dijo que las 84 mujeres con las que trabaja y quienes son en su mayoría jefas de familia, presentan dolores de cintura debido a los saltos que tienen que dar para evitar caer en alguna de la zanjas que están entre los surcos, pero las que no lo pueden hacerlo, observó, se llegan a fracturar extremidades.

Sin derechos

Recientemente la Cepal, en su documento “Mujeres indígenas en América Latina. Dinámicas demográficas y sociales en el marco de los Derechos Humanos”, llamó a los países de la región a poner en práctica políticas basadas en los estándares de DH y en los principios acordados para mitigar la situación de desigualdad que viven estas mujeres.

Esta zona del país tiene una temperatura promedio de 25 grados centígrados, pero dentro de los invernaderos aumenta considerablemente, lo que hace que las jornaleras sean propensas a la deshidratación y los empleadores no les brindan agua, por lo que son ellas quienes tienen que organizarse para llevar algunas bebidas que les ayuden a concluir con la jornada que comienza a las 6 y media de la mañana y así obtener 140 pesos al día.

Francisca, quien hace algún tiempo empacaba chiles en los campos de Villa Juárez, detalla que lo hacía desde las 7 de la mañana hasta la una de la madrugada todos los días. No obstante ella logró concluir su secundaria a pesar de la doble o triple jornada que tiene que cumplir porque a las tres y media de la mañana se levanta para dejarle a sus hijos tortillas hechas a mano y comida preparada.

También detalló que hay campos como el de Nogalitos, en los que no son contratadas si ellas no están afiliadas al Seguro Popular, y en otros les condicionan su acceso al Seguro Social, ya que recientemente ante la enfermedad de uno de sus hijos le negaron el servicio aunque ella supuestamente contaba con esa prestación.

Amalia López, presidenta de la Comisión de DH de Villa Juárez, quien ha luchado por defender a estas mujeres, reconoció que ellas cargan con la discriminación, lo cual se acentúa cuando llegan y hablan alguna lengua indígena porque no hay intérpretes en los ministerios públicos.

La defensora ha establecido lazos entre los mismos indígenas que  se instalaron en la zona y ya hablan español para apoyar a las que requieren de algún servicio o asesoría en materia legal o de salud.

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(CIMAC)