Foto: UNAM
Durante 2012 y los próximos años, México deberá hacer frente a un entorno económico y financiero internacional en extremo desfavorable. Las previsiones para este año apuntan a otro bienio de estancamiento o crecimiento muy modesto, sobre todo en los países avanzados, en los que persistirán las altas tasas de desempleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en 200 millones el número actual de desocupados en el mundo, de los que más de un tercio son jóvenes.
Ante este panorama, y bajo la premisa de que existe la necesidad de construir un curso de desarrollo diferente para el país, el grupo de especialistas mexicanos denominado Hacia un nuevo curso de desarrollo, dio a conocer el documento “Por una política de crecimiento sustentable y protección social universal”.
En conferencia de medios, Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, leyó una síntesis del texto, que contiene 103 propuestas específicas, y donde se afirma que México debe tener un crecimiento sustentable mayor al de los últimos tres decenios para generar excedentes que sustenten una redistribución sostenida del ingreso y oportunidades de un régimen de protección social.
Cordera informó que la propuesta será entregada a los candidatos presidenciales, a las cámaras del Congreso de la Unión, y a los empresarios.
También, el texto considera que es preciso fortalecer la formación de capital y crecer a tasas significativamente mayores para asegurar un ritmo suficiente de creación de empleo. Un millón de fuentes laborales formales al año para absorber la nueva fuerza de trabajo, demandaría crecer a una tasa superior al seis por ciento anual.
De acuerdo con los expertos, es necesario establecer estrategias que combinen un crecimiento sostenido del salario real con aumentos mayores de la productividad. El componente complementario tendrá que ser un nuevo salario social que siente las bases de una redistribución consistente por la vía fiscal, de creación de bienes públicos -en especial en salud y educación- y de protección social generalizada.
En materia de educación, ciencia y tecnología, el documento refiere que el gasto federal en la primera representa el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), monto similar al que se destinaba en 1980 (3.7 por ciento) y muy por debajo del ocho por ciento que debería canalizarse por el Estado, de acuerdo al artículo 25 de la Ley General de Educación.
El limitado nivel de recursos afecta a todos los segmentos, y en la actualidad, el nivel por alumno en México es muy inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En este contexto, consideran necesario establecer a la educación como derecho básico, efectivamente ejercido, y el diseño de una reforma integral que abarque desde la primaria, hasta los estudios universitarios. Además, aseguran que se requiere una auténtica política de Estado en la materia.
Respecto a la ciencia y la tecnología, sugieren que deberían concentrar la elaboración de proyectos, la canalización de recursos e incluir, por lo menos, los siguientes temas: seguridad alimentaria; seguridad energética y cambio climático; salud pública y transición epidemiológica, e infraestructura.
El país cuenta, como nunca antes, con recursos humanos de alto nivel. No obstante, hay pocos espacios en los centros de investigación para la incorporación de los científicos jóvenes.
Reforma hacendaria integral
También proponen realizar una reforma hacendaria integral que incluya cambios en materia de gasto, ingreso y crédito, y promoverla de manera coordinada en los tres niveles de gobierno. Así, sugieren que para eliminar gastos superfluos y onerosos deben recortarse las abultadas estructuras administrativas.
Además, el incremento en los recursos deben canalizarse al combate efectivo a la pobreza; a garantizar el acceso real a la salud de calidad para todos los mexicanos; a la educación, con el fin de mejorar la calidad, la infraestructura y los servicios escolares; al desarrollo científico y tecnológico; a la construcción y rehabilitación de infraestructura básica en agua, energía, transportes y comunicaciones, y al desarrollo rural.
Tiene que aspirarse a que el volumen de gasto del Estado mexicano alcance el 35 por ciento del PIB en 2018. La inversión pública requiere duplicarse de sus niveles actuales de cuatro o cinco por ciento.
Mayores tasas para quien más gana
En el rubro de reforma tributaria, se propone elevar la progresividad para las personas físicas y llevar la tasa marginal máxima a niveles no inferiores a la media actual de los demás países de la OCDE, y aumentar el número de tramos de la tarifa, así como establecer una sobretasa extraordinaria aplicable al uno por ciento de los perceptores de más alto ingreso.
En cuanto a las empresas, se aplicaría un gravamen sobre la renta sin importar tamaño, localización o rama de actividad. Una tasa única sobre las utilidades, comparable al promedio de los países de la OCDE, con tratamiento especial para las PYMES.
En el área de desarrollo productivo, plantean la elaboración de un plan de desarrollo industrial con lineamientos en torno a la expansión del mercado interno, incluida una amplia participación de la inversión pública y privada; buscar nuevas oportunidades de inserción dinámica de las manufacturas mexicanas en el exterior; renovar las políticas de comercio exterior, y modernizar y fortalecer
México es un país que crece lenta y desigualmente, con enormes contrastes y un gran rezago en diversas regiones, especialmente en el sur. Además, desaprovecha el vasto potencial de su extenso litoral. Por lo tanto, tiene que cerrar las brechas que caracterizan su desarrollo regional con una visión que coordine a los tres niveles de gobierno, e incluya programas específicos de mediano y largo plazo. En la última década en el país, la pobreza aumentó en 15 millones de personas, y la nación mexicana es una de las más desiguales del mundo.
Desbordamiento de la informalidad
El grupo Hacia un nuevo curso de desarrollo está integrado por Eugenio Anguiano Roch, Ariel Buira Seria, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rolando Cordera Campos, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel Hernández, Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz, Leonardo Lomelí Vanegas, Mauricio de Maria y Campos, Ciro Murayama Rendón, Jorge Eduardo Navarrete, Jaime Ros Bosch, Norma Samaniego Breach, Jesús Silva-Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías y Enrique del Val.
En la conferencia de medios, donde participaron algunos de sus integrantes, Norma Samaniego señaló que en el documento se pone especial énfasis en el problema del empleo. “Estas tres últimas décadas de muy débil crecimiento han desembocado en una baja creación del formal y un desbordamiento de la llamada informalidad”.
Leonardo Lomelí, director de la FE, dijo que el grupo está a favor de que se reduzca gradualmente el subsidio a los energéticos, por consideraciones redistributivas y ambientales. También, “estamos a favor de una política de subsidio verde que canalice recursos al ámbito rural para aumentar la producción de alimentos, y como pago de servicios ambientales a las comunidades que preservan los bosques y selvas”.
A su vez, Ciro Murayama, profesor de la FE, destacó la necesidad de implementar una política educativa que atienda a todos los niveles, pero también invierta en ciencia y tecnología, donde actualmente se invierte el 0.4 por ciento del PIB, aunque la Ley de Educación señala que se debe invertir el uno por ciento.
Por su parte, Carlos Tello, también académico de la FE, indicó que se hace una serie de propuestas no sólo en los tributos existentes como renta y valor agregado, sino también propone otros que pueden ayudar a financiar la economía nacional.
En su oportunidad, Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo: “lo que planteamos es un camino posible para el país y partimos de que no está destinado a seguir en la situación actual, es decir, no puede seguir deteriorándose social y económicamente, sin rumbo en su desarrollo. Entonces, consideramos que la transformación es posible con los cambios que proponemos”.
En tanto, Enrique del Val, secretario Administrativo de la UNAM, destacó que también contiene una propuesta en materia de seguridad que está en consonancia con la que planteó hace unos meses esta casa de estudios.
Diario Jurídico México te comparte el documento completo.
Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal
[…] Para tener un país incluyente se necesita un gran pacto social orientado a un crecimiento económico y equitativo que brinde protección social y seguridad para toda la población. En eso coinciden tanto la propuesta del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), titulada México de 2012. Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección Social, con la de la UNAM, nombrada Por una Política de Crecimiento Sustentable y Protección Social. […]