Grupos Provida reclaman reforma para negar derecho al aborto

Foto: Semana a Semana

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En un intento de echar atrás los logros de las mujeres en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como la decisión del Estado mexicano de rechazar la recomendación del Vaticano para “proteger la vida desde la concepción”, grupos Provida exigieron se reforme la Constitución para impedir el aborto.

En un desplegado publicado hoy en un diario de circulación nacional y difundido en redes sociales, grupos antiaborto, representantes de la Iglesia católica, empresarios de la comunicación e incluso personajes de la farándula, exhortaron a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a proteger en la Carta Magna la vida “desde el primer instante de su concepción hasta su término natural”.

También dirigido al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado, y al diputado José González Morfin, presidente de la Cámara baja, en el desplegado se llama a las autoridades federales a “no dejarse presionar por intereses extranjeros que dañan a nuestra sociedad”. Igualmente se sostiene que el derecho al aborto es una “aberración jurídica”.

Cabe recordar que en 2013 el Estado mexicano presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para someterse al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo a través del cual los Estados son evaluados en materia humanitaria.

De esa evaluación resultaron 176 recomendaciones, dentro de las cuales se encontraban dos planteamientos del Vaticano, que a decir de organizaciones como la Federación Mexicana de Universitarias (Femu), atentaban contra la vida y el desarrollo pleno de la población femenina.

La Santa Sede exhortó a México a “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la base de las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección similar a nivel federal y local”.

Para las activistas, lo anterior significaba ir contra del derecho a la maternidad libre y voluntaria, y a que se criminalice el aborto.

El pasado 20 de marzo México aceptó 166 recomendaciones y rechazó la emitida por el Estado Vaticano. No obstante el gobierno aclaró que reafirmaba su respeto al “derecho a la vida”, tal y como lo marca la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La delegación oficial añadió que no podía asegurar que las legislaciones estatales en materia del derecho a la vida fueran uniformes.

En ese contexto, en el desplegado de hoy los grupos ultraconservadores solicitan no hacer caso a “presiones extranjeras” y atender los artículos primero y 22 de la Constitución, para “proscribir absolutamente la pena de muerte, sobre todo para los inocentes que no tienen capacidad de defenderse en el vientre materno”.

En contraste, organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres han insistido y comprobado que proteger la vida desde la concepción y prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia, viola las garantías mínimas de la población femenina y la expone a prácticas inseguras, riesgos a su salud y a la criminalización ante abortos espontáneos.

Por ejemplo, la ONU señala que “la prohibición total del aborto viola los Derechos Humanos de las mujeres y que debería estar permitido y ser accesible al menos en los casos de embarazos producto de una violación sexual, malformaciones incompatibles con la vida, y cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo”.

A partir de 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, fueron modificadas 17 constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”, lo que derivó en persecución, encarcelamiento y criminalización de las mujeres que interrumpían su embarazo de manera voluntaria o involuntaria.

Según el informe “Omisión e indiferencia. Derechos sexuales y reproductivos en México”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012, en 19 entidades federativas hubo 127 sentencias contra mujeres por el delito de aborto.

Ese mismo informe reveló que de 2009 a 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto en todo el país, y que de 2007 a 2012 se emitieron tan sólo 39 autorizaciones de ILE en siete entidades bajo las causales permitidas.

Además de la persecución del delito de aborto a raíz de la protección a la vida desde la concepción, se ha condenado a las mujeres por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, con el cual no alcanzan fianza.

Muestra de ello es el caso de Adriana, indígena tlapaneca que a sus 19 años presentó un aborto espontáneo, pero fue acusada de ese delito con base en pruebas periciales que carecían de rigor científico y por lo tanto fue sentenciada a 22 años de prisión.

Aunque en enero pasado la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata, se tiene conocimiento de que a nivel nacional hay otras 157 mujeres presas bajo las mismas circunstancias.

En tanto, el informe “Embarazo no planeado y aborto inducido en México”, realizado por la especialista Fátima Juárez y publicado por El Colegio de México y el Instituto Guttmacher, sostiene que “restringir el aborto no evita que suceda”, y que detrás de la mayoría de interrupciones hay un embarazo no planeado como consecuencia de la falta de acceso a anticonceptivos.

Agrega que la alta tasa de aborto en el país (38 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años para 2009) indica que el deseo de las mujeres de limitar y espaciar los nacimientos de sus hijos ha aumentado a un ritmo más rápido que su uso efectivo de métodos de control natal.

Por ejemplo en 2009, el 86 por ciento de las mujeres casadas reportaron que no querían más hijos, pero el 12 por ciento tenía necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, es decir, 2 millones de mujeres deseaban evitar un embarazo pero carecían de planificación familiar.

Sumado a ello, las jóvenes de 15 a 24 años tienen una especial desventaja para acceder a los servicios de anticoncepción, ya que 27 por ciento de ellas tienen necesidades insatisfechas de anticonceptivos aunque cabe mencionar que los porcentajes se incrementan para las jóvenes de sectores rurales o indígenas.

 

=AZM=

(CIMAC)


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Comments

  1. Hector Macias Ayala says:

    Los Pre-vida, que ya nacida la persona les importa un carajo como viva, y su mentalidad recatada y ridícula.

  2. Rubén López says:

    Noticia tendenciosa… no existe el derecho al aborto sin embargo el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí otorga el derecho a la vida para todos.

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