Foto: Voz Insurgentes
Con respecto al dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, aprobado por las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) recordó que cualquier acción en materia de regulación debe ser construida para coordinarse en conjunto, y no impuesta, desde el Congreso Federal, por lo que llamó a una evaluación más exhaustiva.
Mediante un comunicado, COPRED remarcó que la ciudad debe avanzar en analizar conjuntamente con las instancias federales sus competencias y atribuciones para asegurar que la vida cotidiana de los capitalinos no se vea afectada por este tipo de expresiones, siempre considerando la capacidad de autonomía que tiene el Distrito Federal en el tema.
Por otra parte, la dinámica propia de la ciudad no permite adoptar medidas como la de regular los horarios de las manifestaciones públicas, o la de solicitar un aviso con 48 horas de anticipación a las autoridades locales.
Apuntó que las manifestaciones y otro tipo de protestas populares son una reacción al acontecer político y público, por lo cual no siempre podría cumplirse con esta obligación, lo que terminaría por traducirse en un impedimento al derecho a la manifestación de grupos y personas, especialmente cuando provienen de algún otro lugar de la República Mexicana.
«Para muchos grupos, la manifestación pública sigue siendo el único modo de exponer su punto de vista acerca de un problema público o de un acontecimiento político. Por lo tanto, el regular este tipo de expresiones deberá considerar que el acceso a otros modos y formas de protesta, debate o propuesta está fuera del alcance de grupos y comunidades. Dicho de otro modo, realizar protestas públicas no puede ser considerada una práctica que atenta contra el orden público, cuando existen pocas y costosas formas de acceso a otros espacios de debate y análisis, como son los medios electrónicos, las redes sociales y la prensa escrita», estableció.
Remarcando que ningún derecho es más importante que otro, añadió que la regulación de marchas y manifestaciones debe considerar que el imponer procedimientos burocráticos para ejercer el derecho a la libre manifestación es una limitante que también abarca otros derechos como la libre asociación y el uso del espacio público, lo cual contraviene Convenios y Tratados Internacionales firmados por México en la materia, como el Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Sociales (PIDESC).
Asimismo, dijo que el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal contraviene expresamente las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, le otorga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a saber normar la protección civil y legislar en materia de planeación del desarrollo.
Consideró también que esto fomenta conductas discriminatorias, según lo establece la fracción XXIV del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
De esta forma, COPRED manifestó su preocupación y aseguró mantenerse al tanto de lo que pudiera acontecer.
=Mónica Muñiz=
(Con información de COPRED)
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