Foto: Profeco.
El Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, sostuvo ayer una reunión con directivos de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y el senador, Arturo Zamora Jiménez, como parte de sus acciones coordinadas para proteger a los consumidores de ese mercado.
Durante el encuentro, Benítez Treviño destacó que la función primordial de la Procuraduría Federal del Consumidor es proteger los intereses, derechos, la seguridad y salud de las y los consumidores mexicanos; de ahí que, explicó, la instrucción que tiene del Presidente Enrique Peña Nieto, es fomentar y aplicar acciones para garantizar tales aspectos.
“La indicación que tenemos del Presidente Enrique Peña Nieto es que la Profeco tiene que replantear sus objetivos, de un organismo público descentralizado inquisidor, pasar a un organismo público descentralizado, de conciliación, de educación, de capacitación para el consumo”, dijo.
Acompañado de Eduardo Orendain Giovannini, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y representante de Tequila Arette de Jalisco, Benítez Treviño explicó que como parte de esas acciones para garantizar la seguridad de los consumidores del mercado de bebidas alcohólicas, la Profeco llevará a cabo las próximas semanas la destrucción de ocho mil 500 litros de bebidas alcohólicas adulteradas.
Comentó que la adulteración de este tipo de bebidas conlleva a su falsificación, donde en el caso del Tequila se sustituye todo el producto y se usa alcohol de caña –metanol- que puede propiciar diversas afectaciones a la salud del consumidor como son la perdida de la vista e inclusive la muerte.
Benítez Treviño detalló que en próximos días se celebrará la firma del Convenio de Concertación de Acciones para llevar a cabo la Verificación y Vigilancia de diversas normas de bebidas alcohólicas con el que la Profeco y la CNIT unen esfuerzos para garantizar la defensa y seguridad de los consumidores de ese mercado.
Por su parte, Orendain Giovannini destacó que el Tequila es una bebida símbolo de orgullo mexicano, la primera con contar con denominación de origen y que representa una agroindustria de la que dependen más de 35 mil familias.
A pesar de que es la bebida número uno en el mercado, con 31 por ciento de consumo, el empresario detalló que hay más de cien fábricas de Tequila sin fabricar, lo que ha implicado una caída de 17 por ciento en sus ventas en los últimos cinco años.
Actualmente, dijo, esta bebida es la más regulada y verificada por las diversas autoridades en la materia por lo que hoy con el Consejo Regulador del Tequila los consumidores tenemos la certeza que lo que ostentan las etiquetas es verídico y cierto.
Sin embargo, lamentó que existan productos desleales que no cumplen con la normatividad en la materia pues no sólo representan un daño a la industria, sino un riesgo a la salud de los consumidores; de ahí que aprovechó para hacer un llamado a consumir bebidas que cumplan con las normas y de marca.
Estimó que actualmente 40 por ciento de las bebidas alcohólicas que se comercializan en México son ilegales, lo que representa pérdidas por 15 mil millones de pesos, “además de que al Gobierno no le llegan impuestos, la cadena productiva baja al igual que la calidad de éstas baja”.
Durante la reunión, Orendain Giovannini reconoció a Zamora Jiménez y Benítez Treviño por su labor como diputados federales pues como integrantes de la Comisión de Justicia, en la pasada legislatura, presentaron la iniciativa de Ley para incrementar las penas y sancionar severamente la adulteración y falsificación de las bebidas alcohólicas, estableciendo sanciones de tres y hasta 15 años de prisión.
Asimismo, en el encuentro el Procurador Humberto Benítez y Eduardo Orendain fijaron las bases del Convenio de Concertación con el que el organismo empresarial apoyará a la Procuraduría en los actos de verificación y vigilancia que realice para detectar bebidas que no cumplan con la normatividad aplicable.
Para ello, con la firma del Convenio el Consejo Regulador del Tequila compartirá los dictámenes que emita de diversas bebidas como prueba de incumplimiento y violaciones a las Normas Oficiales de su competencia, para que la Profeco aplique las sanciones respectivas.
Una vez firmado este acuerdo, que servirá como punto de referencia, la Profeco también hará referencia pública de los productos, marcas o empresas en forma específica a efecto de orientar y proteger a los consumidores de ese tipo de productos que no cumplan con la Norma en la materia.
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