Aprueban Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó la minuta que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, para sancionar con multas que van de 62 mil pesos hasta 3 millones de pesos a las personas físicas que incurran en actos de corrupción, y de 623 mil pesos hasta 124 millones de pesos, a las personas morales.

Mediante un comunicado señala que se establece que las personas físicas serán inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo de tres meses a ocho años, y las morales, de 3 meses a diez años.

Con 335 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, se acordó considerar como infracciones en las que pueden incurrir los particulares en el desarrollo de los procedimientos de contratación pública, el cohecho, la confabulación, la simulación, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa, entre otras.

En el dictamen se indica que la Secretaría de la Función Pública será en el ámbito de la Administración Pública Federal y en las contrataciones que realicen las entidades y municipios con cargo total o parcial a recursos federales, la autoridad para investigar y, en su caso, sancionar a los particulares que incurran en las infracciones que establece la ley.

También serán mandos competentes para aplicar la Ley, en el ámbito de las contrataciones públicas, las cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.

Las sanciones a los infractores de la Ley para el caso de personas físicas consistirían en multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, e inhabilitación por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años. Para el caso de las morales, multa de diez mil hasta dos millones e inhabilitación por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años.

Además, se prevén mecanismos de reducción de sanciones para aquellas personas que confiesen su responsabilidad, decidan contribuir y aportar elementos al combate a la corrupción, y cooperen en forma continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación, con el objeto de fomentar las denuncias y combatir la impunidad.

En el documento se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República no podrán otorgar a las personas que hubieren sido sancionadas en términos de la ley y durante el plazo en que éstas se encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios.

El diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) expresó que se busca establecer responsabilidades y sanciones a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, por actos de corrupción en contrataciones públicas federales y en las transacciones internacionales.

Indicó que México tiene un serio problema de corrupción, pues de acuerdo con Transparencia Internacional se ha catalogado al país en el número 89 de 175 naciones, y en América Latina, es uno de los considerados como corruptibles.

Las sanciones contempladas, expresó, van desde 62 mil pesos hasta 3 millones de pesos días multa, para las personas físicas, y desde 623 mil pesos hasta 124 millones de pesos, a personas morales; así como inhabilitaciones para las físicas, de 3 meses a 8 años, y para las morales, de 3 meses a 10 años.

Dijo: “La democracia representativa es a lo que aspiramos; nos obliga a combatir cualquier tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública. Su combate fortalece a las instituciones democráticas del país. La corrupción lastima la legitimidad de las instituciones del Estado, atenta el orden, la justicia y la sociedad”.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) manifestó que esta ley es un primer paso para combatir la corrupción, ya que “en nuestro país si algo le ha hecho daño a la vida democrática, a la gobernabilidad, a la confianza en el sistema político, es la corrupción de muchos de los gobernantes”.

El diputado Marcos Pérez Esquer (PAN) resaltó que con el dictamen se busca crear el marco jurídico que inhiba y en su caso sancione la corrupción, pues diversos estudios revelan que el tráfico de influencias y el soborno a funcionarios públicos son los tipos de corrupción más frecuentes.

Por el PRI, el diputado José Francisco Rábago Castillo expuso que con la Ley de Anticorrupción se le están dando más herramientas a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que puedan sancionar a aquellas empresas privadas, inclusive de carácter internacional, para que dejen de llevar a cabo actividades irregulares en contra del patrimonio de México.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) subrayó que en México la corrupción se ve como una práctica natural y es el cáncer más contagioso y peligroso que se vive, por lo que es necesario empezar a corregir, aun cuando las sanciones contempladas en el dictamen sean insuficientes.

Al hablar en contra, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) expresó que el dictamen no confiere ni dota de interés jurídico a la persona que presenta una denuncia y las sanciones son muy débiles, pues se requiere que éstas sean rígidas y drásticas.

Del PT, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta argumentó que esta ley anticorrupción no es la panacea ni lo que necesita el país. “No va a servir de nada; es lamentable que estemos aprobando o queriendo aprobar una ley absolutamente incompleta e incapaz de sancionar y de detener la corrupción”.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) indicó que en lugar de Ley Federal Anticorrupción debería llamarse la ley federal de la simulación, pues “realmente no va a servir para combatir la corrupción, sino para simular y seguir fortaleciendo la privatización”.

A su vez, el diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) pidió devolver el dictamen a comisiones para que se haga un análisis más profundo, pues “estamos dando una aspirina para el cáncer que representa la corrupción en México; necesitamos avanzar decididamente en su combate”.

Se devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.