El gran reto es hacer de la Constitución un documento eficaz: Salazar Ugarte

Foto: IIJ

Pedro Salazar Ugarte, Constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, considera que la Constitución debe fortalecerse con normas secundarias y evitar más modificaciones.

Asegura que las reformas a la Constitución son una transformación del texto constitucional, pero cada una de ellas debería venir acompañada por la creación de una ley en esa misma materia que luego se transformara en una política pública a la que se le asignara un presupuesto y, de esa manera, se convirtiera en realidad lo que la Constitución promete.

DIARIO JURÍDICO MÉXICO (DJM): ¿Sigue siendo vigente la Constitución?

PEDRO SALAZAR UGARTE (PSU): Técnicamente la respuesta es sí, sigue siendo vigente, porque no ha habido otro documento constitucional que lo sustituya.

Desde el punto de vista político podemos decir que, en su mayoría, las normas constitucionales se han venido adecuando a la realidad política del país. Hoy en día la mayor parte de la Constitución tiene también una vigencia práctica, cuenta con un aparato de normas que sí responde a la realidad política del país y que están diseñadas para encauzar los procesos políticos del presente.

(DJM): ¿Requiere ajustes la Constitución? Hay quienes piensan que ya está demasiado parchada.

(PSU): Son discusiones diferentes. El documento constitucional aprobado en 1917 y reformado varias decenas, incluso centenas de veces en los últimos años, décadas, tenemos que encontrarnos con un documento constitucional, muy modificado, muchas veces reformado y no siempre reformado con criterios de coherencia y adecuada  técnica legislativa.

Desde el punto de vista de la técnica constitucional, en los proceso de reforma a la Constitución han dado como resultado un documento muy irregular, incluso, en algunos momentos incoherente, que no responde a los estándares de una técnica constitucional adecuados.

Sin embargo, las constituciones también debemos de verlas desde un punto de vista político, y nuestra Constitución ha servido como documento normativo base para emprender muchos procesos de transformación institucional relevantes en México.

Ha sido la base normativa que ha permitido la creación de instituciones de garantía de múltiples derechos fundamentales, ha sido la base normativa que permitió la transición a la democracia mexicana, por lo menos en su ámbito electoral, ha sido la base normativa que ha permitido transformaciones en materia de justicia constitucional. Ha sido un documento que nos ha servido para ir transformando la realidad institucional y política del país.

La otra discusión tiene que ver con que si dada la cantidad de modificaciones que se han implementado, y dada la naturaleza de las mismas, no sería mejor dar el paso a una nueva Constitución.

Yo creo que esta discusión, si la vemos desde una perspectiva académica, meramente teórica, podemos concluir que lo ideal sería reformular la Constitución, rehacerla por completo, hacer un documento más claro, más accesible, más coherente, etcétera, pero no debemos perder de vista que es una valoración académica que no se hace cargo de la complejidad de los acuerdos políticos que hay detrás de una Constitución.

La discusión sobre la pertinencia o no de cambiar de Constitución es una discusión que tiene que darse en términos políticos y tiene que mirar la realidad política del país. En esa dimensión política hoy en México no existen las condiciones para intentar con seriedad un proceso de reforma radical de la Constitución o reconstitucionalización del país. Lo que debemos es aprovechar la Constitución que tenemos, aprovechar algunas reformas que tenemos sumamente relevantes que se han implementado en años recientes, pienso en dos del año pasado, una en materia de derechos humanos y la otra en materia de amparo, que son reformas con un potencial enorme de transformación.

Debemos aprovechar esas reformas para concentrar nuestra atención en la creación de normas secundarias y en la creación de políticas públicas que permitan convertir a la Constitución en una realidad en la vida práctica, cotidiana de la sociedad mexicana.

(DJM): ¿Es respetada o es papel con letras?

(PSU): Es una pregunta muy difícil. En términos generales podemos decir que México es un país que funciona sobre los ejes de un acuerdo constitucional. Así es una respuesta muy general abierta. Tenemos múltiples eventos que confirman esta tesis. La sola renovación periódica de los poderes por mecanismos electorales, etcétera, no es sino una confirmación de la constitucionalización del país.

Lo mismo vale para otros ámbitos, como los acuerdos y arreglos entre el Estado y ciertas entidades privadas o los acuerdos constitucionales que tienen que ver con el trabajo, buenos, malos, como sea, existe un marco institucional que sirve como eje general para enmarcar, encuadrar las políticas dinámicas y sociales del país.

No obstante, también hay muchas disposiciones, tristemente, sobre todo las que tienen que ver con algunos derechos fundamentales como los derechos sociales que han sido históricamente desatendidas y han sido normas que se han visto más bien como promesas programáticas, no como imperativos vinculantes para el poder publico. Y eso le ha hecho mucho daño a la Constitución mexicana, que existan normas que prometen derechos que no se ven reflejados en la realidad, ha generado cultura de desapego de lo social frente a las normas constitucionales. Ahí es donde debemos poner la atención, dejando de lado los debates académicos sobre la aprobación de una nueva Constitución y olvidándonos de nuestra tendencia de estarla modificando todo el tiempo bajo cualquier pretexto.

Lo que deberíamos hacer es centrar la atención de los actores políticos y sociales en la creación de las normas secundarias, de las leyes que permitan diseñar e implementar políticas públicas que hagan realidad la Constitución, sobre todo en esos apartados que tienen que ver con derechos humanos de las personas, derechos que son una agenda muy amplia que va más allá de los derechos políticos, que va más allá de derechos de libertad y que se inserta en la agenda de derechos sociales.

(DJM): ¿Qué se le podría modificar a la Constitución?

(PSU): Dejaría la Constitución unos 10 años sin reformas, partiendo de la premisa que no es perfecta, dejaría 10 años sin reformas para dedicar esfuerzos legislativos en convertir en realidad las reformas aprobadas en los 10 años anteriores.

(DJM): ¿Reformas son una extensión de la Constitución?

(PSU): Las reformas a la Constitución son una transformación del texto constitucional, son una mutación constitucional, pero cada reforma debería venir acompañada por la creación de una ley, en esa misma materia, que luego se transformara en una política pública a la que se le asignara un presupuesto y que convirtiera en realidad lo que la Constitución promete.

Eso es lo que no hemos hecho. Hemos concentrado mucha energía política en reformar a la Constitución y muy poca en convertirla en realidad, y el gran reto de la próxima década es hacer de la Constitución un documento eficaz, no solamente vigente.

(DJM): ¿Es optimista en cuanto a las reformas?

(PSU): En esto nunca hay que ser demasiado optimistas, más bien hay que ser exigentes. Tengo la impresión de que hay más conciencia en el mundo académico que en una parte del mundo político de que es urgente crear las normas secundarias que conviertan las reformas constitucionales en realidad. Me parece que ese debe ser el punto hacia el cual debemos orientar las energías. Más allá de pesimismo u optimismo debemos ser muy exigentes en que no se siga modificando la Constitución únicamente como una estrategia retórica, sino que se convierta en documento normativo, eficaz, que en verdad regule.

Pedro Salazar Ugarte es Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es investigador Titular B de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con el Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores.

Sus principales líneas de Investigación giran en torno a las precondiciones y condiciones que hacen posible la vigencia de los modelos democráticos constitucionales. Se ha ocupado del estudio de los Derechos Fundamentales (en particular del derecho a no ser discriminados, del derecho de acceso a la información pública y de los derechos políticos), de las relaciones entre las Cortes Constitucionales y los Poderes Legislativos democráticamente electos, del principio de la Separación de los Poderes y de la laicidad estatal.

Entre algunos de los libros de su autoría se encuentranLa Democracia Constitucional.Una radiografía teórica (IIJ, FCE, 2006; 3ª reimpresión 2011) y el libro Legalidad, Estado de Derecho y Democracia (Cal y Arena, 2008). En materia electoral ha coordinado los siguientes libros con Lorenzo Córdova: Democracia sin garantes, las autoridades vs. la reforma electoral, (IIJ-UNAM, 2009); Estudios sobre la Reforma Electoral 2007. Hacia un nuevo modelo, (TEPJF, 2008); Regulación de encuestas electorales en México, (UNAM y AMAI, 2007) y; Constitución, democracia y elecciones. La reforma que viene, (IIJ-UNAM e IDEA Internacional, 2007.